Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México con una fuerza y vigor ejemplares reiterando sus promesas electorales, pero mucho más edificante que eso, que ya es mucho decir de un político, son sus hechos. En el primer día hábil de su gestión trasladó al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artículo 108 de la Constitución que otorga inmunidad al Presidente de la República a fin de que el gobernante no pueda disfrutar de ese privilegio que en nuestros países se traduce en impunidad por impedir la formación de cualquier causa contra los gobernantes y toda la gama de políticos que bajo ese amparo especial pueden hacer micos y pericos al margen de la ley.
Si por principio constitucional todos los habitantes de un país son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos y obligaciones, a cuenta de qué los políticos se recetan el privilegio de la inmunidad mediante ese fuero especial del antejuicio. Y peor aun cuando, como en Guatemala, ese privilegio hasta impide que puedan ser objeto de investigaciones aún en casos de evidencias confiables de la comisión de algún delito. En Guatemala se acaba de exonerar al diputado Felipe Alejos, nada más y nada menos que por la CSJ, bajo la tesis de que las escuchas telefónicas no son válidas porque no se pueden hacer a diputados. Pero las escuchas fueron autorizadas legalmente para interceptar las comunicaciones de otra persona y entre ellas apareció una que muestra al diputado traficando sobornos para beneficios a sus clientes ante la SAT.
Según ese criterio de la CSJ tampoco las grabaciones de llamadas en las que se escuchaba a Otto Pérez Molina o Roxana Baldetti hubieran tenido ningún valor, por más que con claridad y sin dudas estaban repartiéndose el botín del Estado. Esas llamadas también fueron grabadas por la interceptación ordenada por juez a teléfonos de terceros con los que se comunicaron los que saqueaban al país.
Si alguna reforma constitucional al Sector Justicia es urgente en Guatemala es la de eliminar el derecho de antejuicio y que todos los políticos tengan que responder ante la ley por sus actos como lo debe hacer cualquier ciudadano. A nuestro Presidente, quien apareció sonriente al lado de López Obrador, se le hubiera caído la cara de vergüenza al comparecer de haber sabido lo que haría el mandatario mexicano apenas horas después de haberle estrechado la mano porque él no ha podido ser investigado y mucho menos juzgado por el uso del antejuicio como elemento de impunidad.
