POR REDACCIÓN LA HORA
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En los últimos meses se han registrado varios eventos que han marcado al país y que han llamado la atención a nivel nacional e internacional.
En agosto de este año, el Gobierno de Guatemala anunció que no prorrogaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y posteriormente advirtió que no permitiría el ingreso del jefe de esa Comisión, Iván Velásquez, a pesar de que existe una resolución judicial que ordena eso.
Mientras, que en enero arranca la convocatoria a elecciones generales en el país, con las mismas reglas y los mismos actores políticos.
Para analizar y comprender desde una visión lo que sucede en Guatemala, La Hora consultó a David Martínez-Amador, profesor universitario, especialista en temas de gobernabilidad democrática y crimen organizado, y miembro de la Red de Investigadores Sociales Insumisos con sede en México, quien explicó temas relacionados a la CICIG y la postura del Gobierno, las elecciones generales, las reglas actuales y lo que podría ocurrir en los próximos meses.
LH: ¿Cómo evalúa la situación de Guatemala después del 31 de agosto, cuando el Gobierno anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG?
David Martínez-Amador. Se puede concluir que la administración del presidente Morales no tiene ya ningún compromiso –si es que en algún momento lo tuvo– con la lucha anticorrupción. Todas las decisiones desde ese momento hacia delante conllevan la intención de debilitar las capacidades de la Comisión Internacional rompiendo la colaboración institucional. Lo que el Ejecutivo parece no entender o no saber, es que hay entornos institucionales de justicia donde la presencia de Estados Unidos sigue presente, haciendo by-pass a CICIG en proceso de colaboración. Si yo fuera él, o algún ministro señalado, o algún empresario anti CICIG, estaría preocupado. Porque a mediano plazo, lo que se tendrá son políticos y empresarios “de prestigio” en listas negras estadounidenses, congelación de sus cuentas en Estados Unidos, cancelación de su visas (sufrirán de claustrofobia) y sin duda, órdenes de captura para extraditar. Ganaron la batalla, pero no la guerra a largo plazo.
LH: Aunque existe una resolución judicial que permite el ingreso del comisionado Iván Velásquez, el Ejecutivo mantiene su postura de no permitirle la entrada al país ¿Qué lectura se puede hacer de esto?
D. M-A. Las ganas de transformar a Guatemala en “Venezuela”, haciendo caso omiso a la resolución de la máxima instancia judicial. Las instituciones y sus dictámenes deben respetarse indistintamente de si las decisiones gustan o no. Es el juego más básico de la democracia. Si eso no se entiende, la madurez democrática no existe en Guatemala. Si yo fuera empresario extranjero pensando en invertir en Guatemala no puedo dejar de tomar este indicador ya que retrae la inversión. ¿Quién quiere invertir donde las decisiones del judicial no se respetan? Certeza jurídica la han llamado en el pasado, pero ahora parece no importar. Es la diferencia entre Guatemala y Costa Rica por ejemplo. Y si yo fuese el Presidente, si tuviera vocación democrática y un sentido de estadista, no “quemaría” la institucionalidad del país simplemente por razones personales.
LH: ¿Qué escenarios se pueden plantear, de lo que podría ocurrir en los próximos días?
D. M-A. Un escenario poco probable, que el comisionado Velásquez viaje al país, se presente, no se le permita el ingreso, pero los militares que han acatado el fallo de la CC “lo metan al país”. Y por eso, el último desembolso millonario que el Ejecutivo le hace al Ministerio de Defensa. En este mismo escenario, imagine el escándalo internacional cuando un comisionado de Naciones Unidas no puede ingresar a un país, cuando ha sido facultado por el máximo tribunal, pero el presidente del país se siente más importante que la Corte máxima. Escenarios más caídos a tierra, el año cierra sin más capturas ni arrestos, ni nuevos casos. El último caso, el caso del CIACS original (las imputaciones contra Carlos Vielman y exautoridades de la PNC) pareciera ser la despedida. Otra opción es que, la presión estadounidense sobre el presidente Morales le haga darse cuenta que le conviene aprobar un mandato de CICIG 2.0 porque de ello puede depender su futuro.
LH: ¿En enero del próximo año se convoca a elecciones generales en Guatemala y la coyuntura podría estar marcada por estos eventos ¿cree que cambie algo, en relación a la autorización de la entrada de Iván Velásquez al país y la postura del Gobierno?
D. M-A. Poco probable porque, cuando el nuevo gobierno asuma el mandato habrá caducado. Si el nuevo gobierno suponemos tiene como prioridad la lucha contra la corrupción, debería convencer a su Parlamento para solicitar un nuevo mandato y ratificarlo, cosa que le desgastaría en sus primeros años de gobierno. Por incentivos racionales el nuevo presidente no iría por esta línea. Excepto fuera presionado por los actores de tutela.
LH: ¿Cuál puede ser el rumbo de Guatemala en medio de una polarización por los que están a favor y en contra de la CICIG?
D. M-A. El que siempre ha tenido. Los grupos políticamente relevantes, los actores que inciden han apostado por retornar al status quo, es decir, la cultura de la ilegalidad disfrazada convenientemente de estabilidad. A eso se suma un sector ciudadano que, por no entender la gravedad del caso o por tener familiares y amigos involucrados en los casos de corrupción, se pliega a este discurso. Los sectores progresistas en Guatemala carecen de fuerza y carecen de una propuesta partidista que pueda ganar las elecciones del 2019 (cosa imposible) y tampoco menos sumar curules para afectar en la agenda.
LH: ¿Vale la pena que un funcionario de Naciones Unidas se arriesgue a ingresar en un país donde su Gobierno ha reiterado que no quiere que ingrese?
D. M-A. Es un riesgo muy alto y además, aunque él estuviera presente no se olvide que las capacidades tanto operativas como de investigación de CICIG están debilitadas: No puede confiar en la actual PNC, tampoco puede hacerlo 100% con el MP, y buena parte de los investigadores extranjeros no han recibido las visas de trabajo es decir, capacidad de investigación afectada. El personal local que labora en CICIG lo hace con miedo.
LH: ¿Cree que el Gobierno será flexible en algún momento para permitir el ingreso de Iván Velásquez? o ¿podría tener esta postura hasta terminar su período?
D. M-A. Cuando el Ejecutivo determine que, las capacidades de la Comisión son nulas y cuando el mandato esté a punto de expirar, simplemente por sarcasmo le dejaría ingresar. Pero por lo pronto, esta ruta es la ruta “segura” del Ejecutivo aunque no es la ruta de la guerra real. Permitir el ingreso del comisionado Velásquez es una cuestión relativa a la calidad democrática del país: Obedecer al tribunal de máxima instancia. No renovar las visas de trabajo de los miembros de la Comisión es un golpe estratégico.
LH: En momentos de tensión como los que actualmente vive Guatemala ¿cómo se analiza el Caso Ejecuciones Extrajudiciales que se conoció públicamente hace algunas semanas y por el cual se señala a un exministro de Gobernación, un viceministro de Seguridad, un exfuncionario policial y otros agentes?
D. M-A. No deja de ser un recordatorio al país sobre las razones por las cuales CICIG nació. Es decir, ¿Se puede vivir con normalidad en un país donde los responsables de la política de seguridad torturan y ejecutan de forma extrajudicial? ¿Dónde se hacen “favorcitos” de ejecución extrajudicial? Cuando se leen las opiniones mayoritarias sobre este tema, queda clara, la importancia de la experiencia CICIG. En Guatemala, paradójicamente siendo un país “muy cristiano”, no tiene ningún valor alguno la idea judeo-cristiana en cuanto que la vida humana es sagrada.
LH: Ante todo lo que ha pasado ¿Qué tipo de proceso electoral podría esperarle a Guatemala?
D. M-A. El mismo. Se tendrán elecciones sin un marco de reglas nuevas que transparenten el proceso y que limiten la influencia de dinero privado. Los cargos seguirán “en venta”, figuras polémicas van a decidir refugiarse en el Congreso. No excluyo escenarios de violencia dada la penetración el narcotráfico a nivel de campañas municipales. Y dado el poco interés que la ciudadanía tiene por informarse y educarse en términos del proceso político, tampoco avizoro una depuración del actual Congreso resultado de un voto de castigo contra la perversa actual legislatura. Las opciones electorales que sentarán el debate van a optar por temas relacionados a la flexibilidad fiscal, facilidades de pago de impuestos, seguridad ciudadana, infraestructura y cualquier otro tema que ponga de lado la lucha contra la corrupción. Lo anterior ya sea, por el hecho que se percibe como una experiencia que fracasó o, cómo un proceso necesario pero polarizador en su ejecución. Ojo con esto, hablamos de que existe la polarización en relación al tema CICIG pero, no hay un indicador que lo muestre. Por el contrario, cada encuesta realizada muestra que CICIG tiene un apoyo altísimo del ciudadano, eso sí, de a pie.
“Las ganas de transformar a Guatemala en `Venezuela´, haciendo caso omiso a la resolución de la máxima instancia judicial”.
“Lo que el Ejecutivo parece no entender o no saber, es que hay entornos institucionales de justicia donde la presencia de Estados Unidos sigue presente, haciendo by-pass a CICIG en proceso de colaboración”.
“Se tendrán elecciones sin un marco de reglas nuevas que transparenten el proceso y que limiten la influencia de dinero privado. Los cargos seguirán `en venta´, figuras polémicas van a decidir refugiarse en el Congreso. No excluyo escenarios de violencia dada la penetración del narcotráfico a nivel de campañas municipales”.
