Félix Loarca Guzmán
La Constitución Política de Guatemala establece que en forma periódica y conforme las posibilidades del Estado, deben revisarse los montos de las cuantías asignadas a las jubilaciones, pensiones y montepíos.
Ese mandato está contenido en el segundo párrafo del artículo 114 de la Carta Magna, pero no se cumple. De esta manera, los montos de las jubilaciones se mantienen estáticos y cada año su poder de compra disminuye vertiginosamente, con gran perjuicio para miles de personas que durante su vida productiva, prestaron valiosos servicios a las diferentes dependencias e instituciones del sector público.
Son muchos los casos en los cuales las cuantías de las jubilaciones, pensiones y montepíos, no alcanzan para atender las necesidades más elementales de los beneficiarios como alimentación, ropa y vivienda, quienes por lo avanzado de la edad o problemas de salud, ya no pueden trabajar.
Durante estos últimos días, los guatemaltecos hemos conocido con asombro que en casi todas las esferas de la Administración Pública, se otorgan bonos y otros beneficios para mejorar los ingresos de los trabajadores.
Uno de los casos que más comentarios negativos generó, fue el otorgamiento de “un bono antiestrés”, para autoridades del Segundo Registro de la Propiedad con sede en Quetzaltenango.
Según una versión del diario Prensa Libre del 16 de octubre del presente año, el bono “por carga laboral” fue autorizado para beneficiar a diez altos funcionarios de la citada dependencia, con montos entre 2 mil y 13 mil quetzales.
Este bono fue calificado por varios sectores como “indignante” al compararlo con el salario mínimo que no supera los tres mil quetzales.
La semana pasada también se conoció la pretensión de los trabajadores y funcionarios del Organismo Judicial, para ser favorecidos con un bono extraordinario con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
Otro caso que ha originado una fuerte polémica es el de los aumentos para los maestros, como consecuencia de la negociación de un pacto colectivo manipulado por el dirigente sindical Joviel Acevedo y funcionarios del Ministerio de Educación en el marco de intereses políticos, mientras muchas escuelas están en el abandono y en otras, los niños tienen que recibir sus clases en blocks o en el suelo, pues se carece de pupitres.
La triste conclusión es que en numerosas dependencias públicas se negocian bonos y aumentos salariales, pero para los jubilados no hay nada, solo lazo y sebo.
Hace tres años, dentro de actividades preelectorales, el diputado Oliverio García Rodas, anunció su propósito de impulsar una iniciativa de ley para mejorar las pensiones del Estado, pero luego ya no volvió a hablar del tema y los jubilados del Estado están en el olvido tronándose los dedos por el alto costo de la vida.
En lugar de estar en una confrontación inútil con los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos o la CICIG, el presidente Jimmy Morales debería atender temas como el de los jubilados del Estado.
