Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El Congreso está discutiendo una reforma legal para otorgar la libertad a aquellos individuos sujetos a proceso penal que hayan pasado más de un año en prisión preventiva, lo cual permitirá que todos los que han sido sindicados de corrupción desde el año 2015 para nuestros días puedan ir a sus casas tranquilamente, sin que importe ni el peligro de fuga ni la posibilidad de que en libertad puedan destruir evidencias y obstaculizar las investigaciones en su contra, elementos que toma en cuenta el juez a la hora de ordenar el confinamiento de cierto tipo de personas acusadas de la comisión de hechos delictivos.
En principio parecería que un año es tiempo suficiente para que la acusación pueda formular los cargos correspondientes, pero hay que tomar en cuenta que hay factores que inciden en la prolongación de los juicios. Uno es la deficiencia estructural del Sistema de Justicia que genera una gran presa en el trámite de los procesos judiciales por insuficientes recursos para atender la enorme cantidad de casos. Y eso sin contar con el recorte de presupuesto que los mismos diputados decidieron hacia el Organismo Judicial y el Ministerio Público, lo que hará que aumenten las carencias y se complique aún más el cumplimiento de los plazos de ley.
En delitos de corrupción hemos visto que funcionan verdaderas redes, lo que significa que en cada caso haya muchos sindicados y a mayor número de implicados siempre se produce una mayor dilación en los procesos porque cada una de las partes puede hacer uso de los recursos que la ley otorga y el simple hecho de que en cada audiencia pueden hablar los abogados de todos los acusados ya se traduce en un período de tiempo mucho mayor.
Pero si a eso agregamos la tendencia al litigio malicioso tan común en Guatemala, donde los abogados presentan recursos evidentemente frívolos e improcedentes que, de todos modos, entrampan los juicios porque tienen que ser conocidos por mandato de la misma ley. Y en los casos de corrupción hubo desde el principio una apuesta a retardarlo todo hasta que llegue el momento en que se vaya la CICIG y que cambiara de mando el Ministerio Público que, como se está viendo ahora con el delito de Financiamiento Electoral Ilícito en el caso de los señores Arenas y Botrán, muestra ya el cambio de actitud en cuanto a favorecer a los sindicados aún con medidas como el criterio de oportunidad que la jueza Aifán rechazó ayer, lo mismo que hicieron la CICIG y la Procuraduría General de la Nación.
En pocas palabras, estamos nuevamente ante una ley de fomento de la impunidad en Guatemala para asegurar que los que la hacen nunca la paguen. Un año de prisión en condiciones VIP resulta poca cosa en relación a los millones acumulados gracias a la campante corrupción existente y transcurridos esos doce meses, a los que se llega facilísimo entrampando los procesos, aseguran que se puede recobrar la libertad y borrar las huellas del dinero mal habido para gozarlo después a rienda suelta.
