POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Diecisiete organizaciones de la sociedad civil enviaron al Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe en el que exponen múltiples casos en los que la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura (ONPT) ha violentado la independencia judicial en casos de mayor riesgo.
“Dicha institución se ha convertido en una herramienta política de presión y criminalización hacia jueces independientes que luchan contra la corrupción y la delincuencia organizada”, señala el informe.
Particularmente se hace mención de los casos en los que los relatores contra la tortura, Carlos Alberto Solórzano (exdiputado del extinto Partido Patriota) y Silvia Villalta, han emprendido esfuerzos “para señalar a jueces independientes de haber cometido o haber sido partícipes en actos de tortura y, así, presionarlos para que otorguen medidas sustitutivas a los procesados”.
Las organizaciones de la sociedad civil ejemplifican lo anterior en casos como el de la familia Bitkov, en el que la ONPT ha señalado, falsamente y sin pruebas, a las juezas Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, y Yassmín Barrios, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo “A”, de torturar a Igor Bitkov, a quien se le ha brindado atención médica ante quejas de dolor.
Además, se menciona cómo el relator Solórzano ha presionado al juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, para que otorgue medidas sustitutivas a familiares del exalcalde Arnoldo Medrano en un caso de corrupción en la municipalidad de Chinautla.
Debido a estas situaciones, el informe sugiere al Comité de la ONU que exija al Estado informar si ha implementado medidas para garantizar la imparcialidad e independencia de las investigaciones de la ONPT.
La Hora intentó contactar a Villalta y Solórzano para conocer su postura, pero no respondieron las llamadas a su celular.
