Por Denis Aguilar
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El Observatorio de Derechos de la Niñez (ODN) presentó este día un informe sobre los derechos de la niñez, en el cual advierten de la sobrepoblación existente en los centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley.
Según el informe, dos de los cuatro centros de privación para adolescentes tienen una población que sobrepasa la capacidad estructural estatal, lo cual ha sido una constante durante el transcurso de este año.
El Centro Juvenil de Detención Provisional (Cejudep) oscila una media de 484 albergados, cuando su capacidad es de 144, lo que implica una sobrecarga del 236 por ciento. A septiembre, dicho centro tenía una población de 451.
Mientras que el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres (Cejuplim) tiene una capacidad para 55, sin embargo, los datos detallan que tiene una población promedio de 138, lo que supera en 150 por ciento su capacidad.
El informe detalla que un 86.5 por ciento de los jóvenes privados de libertad son hombres, mientras que un 13.5 por ciento son mujeres, quienes están ubicados en los cuatro centros existentes en Guatemala.
El 69.1 por ciento de jóvenes ubicados en ese tipo de centros ya ostentan una sanción definitoria, mientras que un 30.9 están detenidos con sanciones provisionales.
Zoel Franco, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indicó que en su totalidad los centros tienen capacidad para albergar a 550 adolescentes, pero actualmente hay 740.
“No es tan dramático como en el Sistema Penitenciario, pero sí hay una sobrepoblación que no permite implementar programas de atención integral para los adolescentes, especialmente para los que están cumpliendo una sanción”, dijo.
Franco también mencionó que se debe definir qué tipo de estrategia se utilizará para acompañar a aquellos y aquellas adolescentes que no han sido sancionados, ya que estos necesitan de un acompañamiento.
“No puede ser que a un adolescente que esté siendo procesado no se le pueda dar un acompañamiento, lo mínimo que se puede hacer es integrarlos o reinsertarlo al tema educativo”, dijo.
Asimismo, detalló que hay un promedio anual de 1 mil 200 adolescentes que cuentan con sanciones no privativas por conflictos con la ley.
Franco indicó que el Gobierno no toma el serio la protección de la niñez y adolescencia, sobre todo por los constantes cambios de mando en la Secretaría de Bienestar Social.
OTROS TEMAS
En cuanto al tema de la mortalidad infantil, ODN indicó que de enero a septiembre de este año la tasa por estos casos fue de 17.1 por cada mil nacimientos. Esta cifra, representa una reducción de 1.5 por ciento respecto al mismo período del año pasado.
A septiembre de 2018, la cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos fue de 4 mil 817, lo que representa un aumento del 3.7 por ciento respecto al año pasado, según reportes del sistema de alertas Alba-Keneth.
