/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Alfonso Mata
lahora@lahora.com.gt
En las últimas tres décadas, las medidas adoptadas por el Sistema de Salud, aunadas a cambios sociales sin precedentes, producto en parte del ingreso de fondos del extranjero (remesas, donaciones, préstamos) ha permitido sin lugar a dudas mejoras sanitarias y de la atención materno-infantil, dando como resultado una disminución de la mortalidad. Sin embargo, la morbi mortalidad en el adulto mayor de cincuenta años y menor de setenta y cinco, las complicaciones fatales de las enfermedades crónicas de larga duración en el sector de población económicamente activa a lo que se suman los accidentes en la clase joven, no ha corrido con tanta suerte. Muchas de esas muertes “exceso” a esas edades, se podrían retrasar, al igual que sus complicaciones y las incapacidades que producen, sencillamente si contáramos con un buen Sistema de Salud. Pero la situación política actual, también está haciendo mella en el deterioro del funcionamiento del sistema de atención médica a la población, reduciendo disponibilidad y acceso al sistema, en amplios sectores de la población.
EL GASTO PÚBLICO EN SALUD
Partamos del problema concluyente en esta discusión: la dinámica de la magnitud de inversión en salud a nivel nacional, no se relaciona con la dinámica de crecimiento de la población y sus problemas. Por consiguiente, en términos absolutos, la dinámica del gasto público en salud por persona en relación al poder adquisitivo de bienes y servicios por ésta, ha disminuido. Como el gasto público en atención de salud ha disminuido, la inversión directa sobre el enfermo también. Una comparación de los gastos de salud pública en Guatemala y el resto de países centroamericanos, muestra que estamos muy por detrás de los otros países. En términos de la participación del gasto público en atención de salud dentro del PIB sucede lo mismo, y esa deficiencia, sólo parcialmente es subsanada por el gasto particular o de bolsillo, que cada vez se vuelve mayor.
En otro plano de análisis, nos topamos con que la mala administración gubernamental, la corrupción dentro del sistema actual, arrojan dudas sobre la verdad de las afirmaciones del gobierno, sobre la imposibilidad de encontrar recursos adicionales para aumentar la financiación pública de la atención de salud. Mucho de lo que se lograría dentro de una reforma, corresponde a poner orden, definir mejor prioridades, depurar procesos y trasparentar inversiones dentro del sistema.
También queda claro que Guatemala está «cayendo» del patrón general característico de la mayoría de los países, incluidos los países con economía de transición, de asignar: una mayor proporción del gasto público en salud en el PIB, con un mayor nivel de PIB. Este último se ve confirmado, al observar la dinámica histórica del gasto público en salud en el país en los últimos años, en términos de crecimiento del PIB y de inversión en salud.
Otra cosa a resaltar en este tema es: la deficiencia mostrada en lo que se hace y cómo se hace y para qué, con lo que se invierte en lo público y en lo privado. Según estudios y recomendaciones internacionales, a los gastos de Salud Pública se debe sumar calidad y disponibilidad y acceso de la atención médica y sanitaria, para determinar en gran medida el estado de salud de la población. En este tema, es poco lo que han hecho los gobiernos y los estancamientos en tasas de morbilidad y mortalidad nos lo confirman.
También existe un vínculo entre esos factores de inversión pública y los indicadores de ingreso de los pobres y la desigualdad para llegar a ellos. Pareciera ser, señalan los estudios de la economía de la salud, que los mejores indicadores de salud de la población se observan en países que no tienen el ingreso nacional más alto, aunque sí una menor diferenciación en el ingreso entre los grupos de la población. Tanto en uno como en el otro aspecto, en nuestro caso, el deterioro nacional es evidente.
LO AMBIENTAL COMO CRISIS
Los gobiernos democráticos de turno, nos han venido insistiendo que condiciones climáticas impredecibles y epidemias que incursionan dentro de nuestro territorio año con año, constantemente hacen presa del Presupuesto de Salud sin previo aviso y desbaratan los planes y programas.
Ya Aristóteles trecientos años antes de nuestra era nos advertía que “corresponde a los recopiladores de datos conocer todos los detalles y a los matemáticos establecer razones”. Dentro de los sistemas modernos de salud, existe lo denominado enfoque de riesgo; enfoque que en nuestro medio está por debajo de proporcionar las razones necesarias y suficientes para decidir y prevenir y esto ha sido constantemente ignorado tanto a nivel político, como institucional y social.
¿Podríamos construir un modelo de riesgo artificial, cuyo comportamiento no se diferenciase de los sucesos y acontecimientos ya conocidos? ¡claro que sí! En otros países eso es tarea de universidades e institutos. En nuestro medio no se hace y por lo tanto carecemos de modelos conceptuales de eventos desastrosos de tipo ambiental y epidemiológico, no obstante que somos una región mundial de alto riesgo en lo físico, biológico y ambiental, a lo que añadimos voluntariamente lo social.
Es pues, la naturaleza del control, desde una posición ventajosa que se debe implementar y eso sólo lo da la investigación y su aplicación, de lo que se puede sacar buenos controles y justificar inversiones gubernamentales. Por consiguiente, habrá que mostrar talento, para cambiar lo actual y en esto viene bien a colación de nuestra situación, lo dicho por el padre Brown en las novelas de Chesterton “No es que no se pueda ver la solución, es que no pueden ver el problema”.
LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA SALUD
Compartir los gastos públicos con los privados, se ha vuelto necesario para la gente, con un aumento significativo en los montos finales del gasto de bolsillo. Los estudios en diversas partes del mundo y nacionales, han mostrado que un determinante importante de la esperanza de vida, el control de la morbilidad y la calidad de vida, está no sólo en la disponibilidad de medicamentos y servicios para la población, sino en la capacidad de acceso que esta tenga a ellos. En esto, el sistema de salud ha probado no solo ser ineficiente, sino incapaz de realizar progresos significativos en controlar la calidad y asignación de sus inversiones y lo peor, carecemos de estudios y estadísticas serias al respecto de: en qué, cómo y para qué invertir y los resultados esperados de ello.
Pero lo que resulta más incongruente dentro del Sistema de Salud y la población, es que entre más pobre se es, más es la proporción que sale del bolsillo de las personas en gasto de salud. No exageramos al decir que: el nivel real de desigualdad en la distribución de acceso y consumo de la salud es algo escandaloso en Guatemala que tiene una connotación histórica. La morbilidad y la muerte campean en esos grupos y confirma lo que decimos.
Por lo tanto, resulta hipótesis válida afirmar que: la atención médica en Guatemala, especialmente debido al bajo nivel de gasto público y de su inversión y a la capacidad de ingresos de la población, conduce a consecuencias mucho más negativas en la salud de la población, en comparación con otros países.
La validez de esta afirmación, eleva esta condición, a un nivel de acto criminal contra el desarrollo de la población, que va más allá de ser una simple disparidad en la disponibilidad de atención médica: atenta contra la vida y genera legiones de incapacitados.
