Juan Antonio Mazariegos

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Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

De conformidad a una noticia de los periodistas Carlos Álvarez y Francisco Martínez publicada en el matutino Prensa Libre esta semana, la Comisión de Finanzas del Congreso de la República aprobó un dictamen mediante el cual recomendó una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Educación de más de 961 millones de quetzales para el Presupuesto 2019, haciendo notar que dicha opinión o dictamen especifica que la ampliación debe ir dirigida a complementos específicos del personal permanente, derechos escalafonarios, complementos específicos al personal temporal, y por jornal, aguinaldo y Bono 14.

Hablar de un incremento presupuestario a la educación debería ser motivo de júbilo en cualquier país y la formación académica de las nuevas generaciones de guatemaltecos un asunto de primordial importancia. Lo decía Kant, “el hombre no es más que lo que la educación hace de él” y en consecuencia debiéramos pensar que una sociedad será lo que la educación haga de ella.

Para lograr ese fruto de una sociedad educada y en consecuencia pujante, incluyente, ordenada, respetuosa de la ley y solidaria, no hay otro camino que educar, para ello sin duda es necesario invertir, en salarios por supuesto, pero también en infraestructura, en útiles escolares y en nuestro país en complementar la dieta alimenticia que permita a nuestros niños contar con las capacidades mínimas que se requieren para poder absorber los conocimientos que se les impartan, pues lamentablemente la desnutrición los condena aún antes de tener la opción de sentarse en un escritorio.

Para que una inversión pública sea considerada correcta es necesario que vaya dirigida a atender integralmente los diferentes aspectos de las necesidades que pretende satisfacer, en el presente caso, fácilmente se advierte que el dictamen sobre la ampliación va dirigido a cubrir un solo rubro de esas necesidades. De igual manera la inversión se realiza sin el menor cuidado, no se destinan recursos para auditar el resultado de la inversión como se puede apreciar en la misma nota de prensa cuando se hace referencia a que las evaluaciones a los estudiantes no demuestran ningún avance y la cobertura educativa en el nivel primario se reduce de un 95 a un 78 por ciento.

Ni siquiera hay que entrar a discutir sobre los movimientos políticos o las intenciones que hayan detrás de satisfacer al sindicato de maestros, ya que la ampliación presupuestaria se destina totalmente a salarios o quien debe evaluar o auditar que lo que invertimos y que al final es el esfuerzo de todos, vaya destinado de manera integral a un beneficio común como es la educación. Lo que hace el Congreso está mal, por todo lo anterior y porque compromete o restringe las oportunidades y opciones de nuestros niños en lo individual y las de la sociedad en general y eso, tarde o temprano todos lo vamos a pagar.

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