Cuando Iván Velásquez dijo en agosto del año pasado que el financiamiento electoral ilícito era el pecado original de la democracia guatemalteca, expuso una verdad irrefutable y la gente lo entendió con meridiana claridad, porque explicaba por qué nuestros gobiernos llegan simplemente a satisfacer las demandas de un pequeño y selecto grupo sin preocuparse, jamás, por el bien común y menos por las necesidades de los menos afortunados, aquellos que no encuentran sino en la migración o las maras una posibilidad de romper el círculo generacional de la inmensa pobreza.
Hoy el asunto está resuelto por obra y gracia del Congreso, porque ya no existe en la práctica financiamiento electoral ilícito y por lo tanto desaparece ese vicio como pecado original de la democracia. Pero se abre la puerta a masivos aportes de financiamiento que tienen precisamente la finalidad de cooptar al Estado mediante la compra de la conciencia de los políticos que asumirán compromisos con sus financistas que entregan fuertes sumas de dinero a cambio de que se les pueda garantizar los privilegios existentes y los nuevos que otorgue el Estado.
En otras palabras, se eliminó el pecado original porque se le cambia de nombre y tipificación. Ya no es pecado (ni delito) financiar a los políticos en forma anónima y ni quien da ni quien recibe ese dinero tendrá que enfrentar consecuencias legales, porque la nueva definición que se hace en el Código Penal prácticamente consagra como bueno y válido el mecanismo que fue presentado, con pruebas, como pecado original que pervierte al Estado vía la perversión de sus dirigentes en los diferentes poderes.
Agobiados por la presión ciudadana los diputados habían legislado para castigar el financiamiento tanto proveniente de fondos ilícitos como el entregado en forma anónima o secreta. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad abrió la puerta para revocar esa tipificación que puso en aprietos no sólo a los políticos sino que permitió desnudar a sus financistas y sentarlos en el banquillo de los acusados. Hoy, por virtud del Pacto de Corruptos, lo hecho ya no es delito y ni siquiera, como dijo alguno de ellos al pedir perdón, fue un error. De un plumazo los “representantes del pueblo” consagran como “aporte cívico” ese financiamiento que ha sido causa de la descomposición social que se vive en el país y que ahora podrá perpetuarse sin temor a ninguna consecuencia legal porque esos aportes, auténtico soborno anticipado a las autoridades, pasa a ser algo lícito, totalmente válido y atrás quedan los días en que se vio como pecado original, cuando no pecado mortal, de nuestra democracia.
