Por Eder Juárez
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El próximo 31 de octubre se llevará una vista pública en la Corte de Constitucionalidad (CC) por un amparo en única instancia presentado por 12 organizaciones y el abogado Ramón Cadena, por la decisión del Organismo Ejecutivo de no prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual según Cadena será clave para “pararle la mano” al presidente Jimmy Morales sobre esa decisión.
De acuerdo con Cadena, el Presidente de una forma arbitraria anunció que no iba a prorrogar el mandato de la CICIG y este aviso fue anticipado, unilateral y no es fundamentado.
“Un anuncio de no prorrogar un convenio acuerdo de derechos humanos como el de la CICIG no se puede dar de esa forma”, dijo el jurista.
Además, indicó que podría haber un asidero legal solo si el Presidente agotara el diálogo entre las Naciones Unidas, la sociedad civil y el Procurador de los Derechos Humanos, quienes propusieron el convenio. “El acuerdo dice que se trata de un convenio en materia de Derechos Humanos, ese punto es importante porque determina si está sujeto a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas o si se debe de tratar con la Convención de Viena con derechos de los tratados, y la tesis que hemos sostenido es que el convenio internacional en materia de derechos humanos de la CICIG debe de tratarse a la luz de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados”, manifestó Cadena.
GRAVE DAÑO A LA JUSTICIA
“Si se permite que se consuma el acto de la no prórroga de la CICIG se estará causando un grave daño a la justicia y a la población guatemalteca”, manifestó el abogado.
Por ello es que esta vista pública es una gran oportunidad para “pararle la mano” al Presidente de la República, siempre y cuando la CC acepte la tesis que estamos presentando en el amparo, refirió Cadena.
Asimismo, indicó que el Presidente no puede implorar todo lo que ha invocado de declarar persona non grata a Iván Velásquez, porque Velásquez no es un embajador, sino un representante de una Comisión sui géneris que se hizo para luchar contra la corrupción y la impunidad.
Además, la CICIG se creó para desmantelar las estructuras criminales, algo que ha venido haciendo y se le ha querido dar el matiz de ser un convenio que debería de considerar al Comisionado como un Embajador y él no es Embajador, aclaró.
“El Presidente con el objeto de defender sus intereses se fue por la vía unilateral, ni consultó al Procurador de los Derechos Humanos, quien propuso este acuerdo, a propuesta de la sociedad civil, ese es el contenido del amparo que se va a discutir”, indicó Cadena.
