En Estados Unidos el Presidente de Guatemala presumió de que durante su gobierno han detenido y deportado a casi un centenar de terroristas militantes de ISIS, sin darse cuenta que tiene que rendir cuentas por qué está violando la Constitución de la República que prohíbe detenciones ilegales y que obliga que cualquier persona que sea detenida comparezca ante los tribunales de justicia. También dijo que habían detenido y deportado a un hondureño que participaba en la marcha de migrantes que se dirige a Estados Unidos, y en todos los casos las detenciones han sido sin que medie orden de juez competente, tal y como lo demanda el artículo 6 de la Constitución Política de la República.
La Carta Magna garantiza derechos elementales a todos los seres humanos en el territorio guatemalteco, independientemente de su nacionalidad, lo que no permite que, por ejemplo, un extranjero sea detenido al pasar un control migratorio como se supone que pudo haber ocurrido con los supuestos terroristas detectados, sin duda, por los mismos tripulantes del camión que atrapa naves voladoras del narcotráfico, salvo que uno y otro caso sean, como es de suponer, mentiras del tamaño de la Catedral.
Por supuesto que ante la confesión lapidaria del Presidente de que han violado la Constitución realizando detenciones ilegales ya debería de haber una investigación en curso, pero como tenemos un Ministerio Público que se la pasa vigilando, no hay esperanzas de que se pueda hacer valer la ley. La Fiscal General juega el papel de un salvavidas que se sienta en la playa para vigilar, pero que si alguien se ahoga, no mueve un dedo para salvarlo porque cree que cumple con su trabajo que es únicamente el de estar viendo qué pasa.
La Constitución establece como única excepción el caso de delito o falta flagrante, pero si se trata de sospechosos no hay flagrancia de ninguna clase por lo que la detención es arbitraria e ilegal y ello significa que el Presidente es confeso del delito de violación de la Constitución de la República.
¿Qué se puede hacer cuando hay un delincuente confeso, una persona que para echar chile dice que ha cometido acciones que no están permitidas por nuestro ordenamiento constitucional como sería la detención ilegal de sospechosos de ser terroristas? Obviamente la pregunta va dirigida en forma concreta a la “mujer de derecho” que el mismo gobernante mandó para actuar de vigilante en el Ministerio Público. Ojalá haya respuesta concreta y sin exabruptos a la interrogante formalmente planteada sobre el procedimiento a seguir ante la burda declaración presidencial.
