Managua
Por Gabriela Selser
Agencia dpa
Al menos 39 personas, entre ellas varios dirigentes opositores al Gobierno de Nicaragua y una activista de derechos humanos, fueron detenidas ayer por la Policía en la capital, Managua, en medio del rechazo y la condena de figuras y organismos de derechos humanos internacionales.
Los sucesos ocurrieron en el sector comercial de Camino de Oriente, donde los manifestantes se habían reunido para realizar la marcha «Unidos por la libertad», convocada por la coalición opositora Unidad Azul y Blanco (UNAB).
El sábado la Policía prohibió las concentraciones públicas sin autorización y desplegó cientos de efectivos en toda la ciudad. La UNAB alegó que no pedirían permiso pues la Constitución Política consigna el derecho a la reunión, manifestación y movilización ciudadana.
Policías antimotines rodearon a los manifestantes y detuvieron a decenas de ellos en medio de golpes, culatazos y forcejeos, según imágenes transmitidas por la televisión local.
En un comunicado, la Policía informó que arrestó a 38 personas, de las cuales ocho fueron liberadas. El resto serán remitidas a las autoridades para su enjuiciamiento debido a que «convocaron y participaron en manifestación pública sin el debido permiso policial, alterando la paz y la normal convivencia de nuestro pueblo», indicó el informe.
Entre los detenidos figuran el directivo del opositor Movimiento por Nicaragua (MpN), José Antonio Peraza, la presidenta del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyen Barahona, la ex presidenta de la misma organización, Ana Margarita Vijil, y la activista Tamara Dávila Rivas.
El MRS, partido proscrito y minoritario, ha sido acusado por el Gobierno de fomentar «un golpe de Estado terrorista» para derrocar al presidente, Daniel Ortega. Sus líderes son ex guerrilleros e intelectuales que participaron en la revolución (1979-1990).
Casi simultáneamente a los sucesos de Camino de Oriente, oficiales de Migración retuvieron en el aeropuerto «Sandino» a las defensoras de derechos humanos Haydeé Castillo y Lottie Cuhningham, quienes se disponían a viajar a Estados Unidos.
Alejandra Castillo, tía de la primera, dijo a dpa que a Cunningham se le permitió viajar tras la retención, pero Haydeé Castillo fue arrestada y trasladada a la cárcel policial de El Chipote.
Haydeé Castillo es activista de derechos humanos y contra la minería industrial. Fue detenida pese a tener medidas cautelares (de protección) dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al comentar lo ocurrido, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, cuestionó «la represión y las detenciones arbitrarias» e instó al Gobierno a dialogar para poner fin a la crisis.
«El Gobierno está profundizando la criminalización de las protestas, pretende secuestrar a todos los que queramos expresarnos libremente y está convirtiendo al país en una cárcel», expresó a dpa Violeta Granera, líder del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), que forma parte de la UNAB.
Granera desestimó las posibilidades de diálogo «porque el Gobierno ha cerrado todas las puertas», y dijo que los líderes de la oposición se reunirán para definir la estrategia a seguir.
«En Nicaragua los privilegios, los delitos, los crímenes son aupados por el régimen, mientras el ejercicio de derechos ciudadanos son reprimidos», declaró por su parte la abogada Azahálea Solís, dirigente de la UNAB, al canal 100% Noticias.
Las detenciones también causaron preocupación y críticas de organismos humanitarios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que reiteró que «la protesta social es un derecho legítimo de los ciudadanos».
La CIDH «llama al Estado a respetarlo y garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas de protesta», indicó la comisión en un mensaje de Twitter.
«Inaceptables actitudes represivas y autoritarias en este momento en #Nicaragua. Estado de Excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos», escribió en la misma red el director ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
En otro tuit, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reprobó la detención de los civiles y reiteró «su llamado al Gobierno a que cese de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas».
También protestaron la directora para las Americas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, el director de Human Right Watch (HRM), José Miguel Vivanco, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la activista de derechos humanos Bianca Jagger, entre otros.
Las detenciones ocurrieron en el mismo sitio del primer «plantón» de estudiantes que fue atacado por fuerzas de choque del Gobierno el 18 de abril, cuando dio inicio una ola de protestas y la actual crisis que enfrenta el país.
El conflicto ha dejado hasta hoy 200 muertos según el Gobierno y hasta 512 según ONGs de derechos humanos, que contabilizan además casi 4.000 heridos y casi 400 detenidos. Varios de ellos ya han sido acusados por delitos de terrorismo y crimen organizado.
