Por Rosmery Cueva Sáenz
Lima,
Agencia dpa
La Sala Nacional de Apelaciones del Perú evaluará en los próximos días la liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida por presunto lavado de activos, después de que la Justicia admitiera hoy un reclamo de su defensa.
El juez Richard Concepción Carhuancho, que ordenó el miércoles la detención de Keiko por 10 días, admitió el recurso de apelación de la líder del partido Fuerza Popular (FP) y ordenó que la Sala lo resuelva en una audiencia.
Keiko, de 43 años, está detenida en el marco de una pesquisa de la Fiscalía que apunta a que supuestamente lideró «un esquema para delinquir» y «lavó» dinero ilícito, con el que financió su campaña presidencial de 2011.
En su segundo día en la Prefectura de Lima, la dirigente recibió la visita de parlamentarios de FP, que dominan el Congreso, quienes anunciaron que realizarán una marcha para exigir la liberación de la hija del ex presidente Alberto Fujimori.
«Estamos convencidos de que la Sala revertirá esta situación porque no hay razón para que esté detenida. No hay peligro de fuga ni obstaculización de la justicia», dijo a la prensa el fujimorista Héctor Becerril tras salir de la Prefectura.
FP atraviesa uno de sus momentos más duros tras la detención de sus principales figuras. Keiko no es la única, su padre está bajo custodia policial en una clínica en Lima, en la que fue internado después de que la Justicia le revocara el indulto.
El ex presidente (1990-2000), de 80 años, fue indultado en 2017 por supuestas razones humanitarias cuando le faltaban cumplir 15 de 25 años de prisión por 25 asesinatos y dos secuestros agravados.
Analistas afirman que FP y sus aliados ya empezaron a mover sus fichas para salir de la crisis. Por la tarde, el presidente Martín Vizcarra recibió un proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaría que Fujimori complete su pena en casa.
La norma busca que reos mayores de 65 años que hayan cumplido un tercio de su pena y tengan una enfermedad grave o crónica accedan al arresto domiciliario. Los mayores de 78 años podrán tener el beneficio con solo cumplir el primer requisito.
Vizcarra tiene un plazo de 15 días para promulgar la norma u observarla. El abogado penalista Mario Amoretti advirtió que la iniciativa carece de análisis técnico y «racionalidad jurídica» porque no fue discutida por expertos.
Otro de los movimientos de FP, según analistas, fue lograr que una subcomisión parlamentaria votara en contra de la destitución e inhabilitación del fiscal general, Pedro Chávarry, acusado de tener nexos con una red corrupta del Poder Judicial.
El gesto de FP, pese a los fuertes indicios contra Chávarry, es, para expertos, un favor para que éste «corte la cabeza» del fiscal José Domingo Pérez, que pidió la detención de Fujimori.
De hecho, Chávarry retiró este viernes a la fiscal Érika Delgado, una pieza importante del equipo de Pérez, como parte de un proceso de reorganización estructural, según precisó. Para el legislador independiente Alberto de Belaunde, el fiscal general «ya empezó a pagar favores» al fujimorismo.
La detención de Keiko se da cuando el Gobierno impulsa la limpieza de la corrupción en el Poder Judicial. En julio, la prensa reveló mediante audios de espionaje cómo jueces y fiscales negociaban fallos para criminales a cambio de favores.
Las cintas revelan el supuesto nexo de uno de los líderes de esa red, el ahora ex juez supremo César Hinostroza, con FP. En una conversación, él y un interlocutor coordinaban una cita con la «Señora K» de «la fuerza número uno», elementos que, según indicios, apuntan hacia Keiko.
Keiko, que en sus dos postulaciones a la Presidencia (2011 y 2016) perdió en segunda vuelta, asegura que la detención es «una persecución política», pero que no dejará de luchar para concretar su sueño de gobernar el Perú.
