/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105La defensa del Presidente afirmó ante la Comisión Pesquisidora que el delito de financiamiento electoral ilícito no es un acto de corrupción, sino una falta administrativa. Esto como medio de prueba que presentó a favor del mandatario por la solicitud de antejuicio en su contra.
POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
El abogado del presidente Jimmy Morales, Juan Carlos Borrayo, acudió esta mañana a la audiencia de la Comisión Pesquisidora del Congreso, que conoce el antejuicio del mandatario por financiamiento electoral ilícito, para presentar las pruebas de descargo.
El defensor de Morales afirmó ante los diputados pesquisidores que el delito de financiamiento electoral ilícito no es un acto de corrupción, sino son faltas administrativas que los ve el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Este antejuicio es eminentemente basado en una premisa falsa de la lucha contra la corrupción, así se ha denunciado, es una lucha contra la corrupción, hay que analizar entonces ¿qué delitos de corrupción se están persiguiendo en este antejuicio? Ninguno”, declaró Borrayo.
El abogado del Presidente señaló que el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establece que el ente internacional puede perseguir delitos siempre y cuando “en el delito se encuentre un cuerpo ilegal de seguridad y un aparato clandestino”, dijo.
“¿Cuál es el cuerpo ilegal de seguridad o el aparato clandestino en esta investigación? ¿Qué delito está persiguiendo la CICIG en este antejuicio? ¿Qué cuerpo ilegal está persiguiendo, qué grupo ilegal está persiguiendo? Ninguno”, agregó Borrayo.
Según el abogado defensor, el caso del Presidente es político, por lo que la CICIG no debería intervenir en el mismo. “¿Qué hace CICIG persiguiendo delitos electorales, que hace CICIG persiguiendo cuestiones políticas? Pues nada más y nada menos que contradecir nuestra Constitución”.
El abogado del Presidente añadió que la CICIG ha dicho que el financiamiento ilícito es el pecado original y afirmó que esto es falso. “La misma Naciones Unidas enlistó los delitos de corrupción y en esta jamás mencionan el financiamiento ilícito”.
“El financiamiento ilícito es un delito de los delitos electorales, que tiene que ver con materia política. No se relaciona en materia de corrupción. La misma Naciones Unidas ha dicho que este no está dentro del catálogo”, concluyó Borrayo.
BORRAYO: ANTEJUICIO SE HIZO PARA DERROCAR AL PRESIDENTE
Durante la exposición del abogado del mandatario, señaló que la petición de antejuicio en contra de Morales, es ilegítima pues se hizo para “derrocar al Presidente, quien fue electo democráticamente. Con esto querían cambiar de gobierno”.
Según Borrayo la solicitud de antejuicio se hizo por las aspiraciones políticas que manifestó la ex fiscal general, Thelma Aldana.
Además indicó que el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, tenía interés en presentar este antejuicio, ya que él quería continuar al mando del ente internacional. “Con esto se quería evitar la no continuidad del mandato de la CICIG”, agregó el abogado defensor.
Por su parte el Presidente de la Pesquisidora, Luis Fernando Montenegro, indicó que con la entrada de la nueva Fiscal, ese tinte político se rompe, pues la nueva fiscal (Consuelo Porras) no tiene aspiraciones políticas. “Es la nueva Fiscal la que presenta este nuevo antejuicio, ¿Acaso ella no tiene criterio?, si ella hubiese visto algo político en el caso no lo hubiese presentado”, indicó.
ADELANTARÁN INFORME
Al finalizar la audiencia, miembros de la Comisión pesquisidora, que escucharon con atención y sin interrumpir la declaración de la defensa de Morales, acordaron adelantar la entrega del informe circunstanciado. Esto por considerar que ya se cuentan con los elementos suficientes para emitir una opinión.
Será el próximo lunes cuando den a conocer la fecha para la entrega de sus conclusiones, en el que recomendarán al Pleno de diputados si se le retira o no la inmunidad al Presidente.
ROSAL: ARGUMENTOS BUSCAN SUAVIZAR ESTE TIPO DE FALTAS
Respecto a las declaraciones de la defensa de Morales, quien señaló que el financiamiento electoral no es un delito de corrupción, el experto en política, Renzo Rosal, añadió que estas declaraciones de alguna manera crea una alianza entre los partidos políticos que enfrentan una investigación por financiamiento electoral ilícito.
“Los argumentos de la defensa intentan manipular los contenidos de las ley electoral y el código penal. Además aprovechan el momento para mediatizar y relativizar los delitos relacionados al financiamiento electoral”, explicó el politólogo.
Rosal agregó que con estos “argumentos” se buscan suavizar este tipo de faltas “convirtiéndolos en delitos simples y sencillos”. Con esto se generan condiciones para que en el próximo proceso electoral los partidos políticos sean eximidos de responsabilidades penales por financiamiento ilícito.
