Vivimos en un país donde los conceptos, no digamos los términos, se acoplan al gusto del cliente y así vemos que quienes más han cacareado el tema de la certeza jurídica cuando se trata de proteger sus intereses o sus derechos, son los mismos que a la hora de acatar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad discuten si no se tratará de órdenes ilegales que, por lo mismo, no deben obedecerse ni mucho menos cumplirse. Se reclama la ausencia de tal certeza cuando se cuestiona, por ejemplo, la lentitud de un fallo de la misma CC con relación al caso de una empresa, pero cuando el mismo tribunal dicta un amparo declaran que “respetan” la decisión del gobierno de mandar por un tubo lo dispuesto.
La certeza jurídica es esencial para cualquier sociedad y por ello era que la propuesta de reformas al Sector Justicia era un aporte inmenso para avanzar hacia las mejoras que permitan un sistema que ofrezca certeza con diligencia y prontitud, pero resulta que los que gastaron cientos de miles en una campaña para exigir justicia “pronta” alegando certeza, fueron los mismos que terminaron poniendo obstáculos y manteniendo su pacto con los corruptos de siempre para impedir cambios que apuntaban a liberar al poder judicial de la cooptación a que se le ha sometido vía las comisiones de postulación, pervertidas en su funcionamiento.
En Guatemala, desde el mismo origen del Estado, la justicia ha sido severa para los pelados pero ciega, sorda y muda cuando el delincuente tiene cuello blanco. Y cuando en 2015 cayeron los políticos poderosos todos lo aplaudimos, pero cuando empezaron a caer los verdaderos intocables, aquellos que no nacieron para sentarse en el banquillo de los acusados, allí sí que fue el llanto y el crujir de dientes porque se acabó esa “mi” principal certeza jurídica que es la de respetar a ciertas gentes que, hagan lo que hagan, no están hechos para ser sometidos a un proceso penal.
Si un narco usa su dinero para comprar políticos tiene que ser perseguido, pero si lo hace alguien que ha engordado su fortuna con los privilegios que obtiene gracias a sus “aportes cívicos”, como cínicamente le dicen al soborno que dan a los políticos en plena campaña electoral, entonces nada de persecución sino que hay que darles las gracias por ser tan buenos patriotas, tan excelentes ciudadanos que apenas si buscan preservar y mejorar los privilegios que no los hacen ricos, que ya lo son, sino simplemente agranda su billetera. Y esa es la certeza jurídica que tanto echan de menos.
