Managua
DPA
Las autoridades de Nicaragua continuaron ayer sus procesos judiciales a profesionales y estudiantes detenidos por protestar contra el presidente, Daniel Ortega, y a quienes se acusa por terrorismo, crimen organizado y otros graves delitos.
Uno de los acusados este viernes fue el catedrático Ricardo Baltodano, hermano de la ex comandante guerrillera sandinista Mónica Baltodano, que calificó de «ilegal» e «injusta» su detención el mes pasado.
Baltodano recordó que según la ley vigente nadie puede permanecer preso más de 48 horas sin que se le realice un juicio, y que su hermano estuvo detenido 21 días.
Ricardo Baltodano, de 58 años, es profesor de Historia y presidente del sindicato docente de la Universidad Politécnica (Upoli), una de las entidades académicas que se involucraron en protestas contra Ortega desde abril pasado.
«Para nosotros cualquier acusación que se le haga es nula, sin validez, sin sustento jurídico ni moral», afirmó la ex comandante, una de las más conocidas guerrilleras sandinistas que en 1979 ayudaron a la caída del dictador Anastasio Somoza.
Aunque apoyaron activamente el primer Gobierno de Ortega, en la década de 1980, los hermanos Baltodano abandonaron el Frente Sandinista por disentir del liderazgo del mandatario de actualmente casi 73 años, que retornó al poder en 2007.
«La lucha de Ricardo, como la de todos los presos políticos de este Gobierno, ha sido totalmente cívica y su detención no corresponde más que a una condena política por oponerse a Ortega», enfatizó.
La propia Baltodano y su esposo Julio López (un ex alto funcionario del partido sandinista) denunciaron un intento de captura por presuntos paramilitares. La hija de ambos, Mónica López, es una abogada ambientalista que también ha sido amenazada de muerte.
La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril con una protesta de estudiantes y se agravó tras la violenta actuación de la Policía y paramilitares, que ha dejado hasta hoy 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque el Gobierno reconoce 200 víctimas y ONGs locales elevan la cifra a 512.
El Gobierno dice tener prisioneras a 204 personas que participaron en protestas, de las cuales sólo siete han sido condenadas hasta hoy. Organismos de derechos humanos afirman que hay casi 400 detenidos.
Mientras, el líder estudiantil y periodista Edwin Carcache, detenido hace un mes, denunció que fue golpeado y amenazado en prisión, al celebrarse hoy la audiencia inicial de su juicio.
Carcache, de 27 años, y otros cuatro universitarios presos fueron presentados en los tribunales para enfrentar una acusación de la Fiscalía por terrorismo, tentativa de homicidio, incendio y portación ilegal de armas, informó el portal oficial «El 19».
«Me golpearon en el estómago y me pusieron una escopeta en la cabeza», denunció Carcache, periodista graduado y estudiante de administración de empresas, aprovechando el ingreso momentáneo de reporteros y fotógrafos al recinto judicial.
Frente a las cámaras los cinco jóvenes, todos esposados, rezaron el padre nuestro y cantaron el himno nacional. «Libertad para los presos políticos. Yo amo la bandera azul y blanco… se han violentado mis derechos constitucionales de manifestación», agregó Carcache con lágrimas en los ojos.
El abogado defensor, Julio Montenegro, dijo al rotativo «El Nuevo Diario» que los cinco estudiantes «están bastante afectados y al parecer han sufrido maltrato» físico y psicológico en prisión.
El Gobierno acusa a los participantes en las protestas contra Ortega de ser parte de un «complot terrorista y golpista» que busca derrocar al presidente y desestabilizar al país.
En tanto, en Washington, la Casa Blanca apoyó el aviso del Departamento del Tesoro a las entidades financieras de Estados Unidos para vigilar y evitar la llegada al sistema norteamericano de activos procedentes de la corrupción en Nicaragua.
«Este aviso es una señal fuerte de que la administración del presidente Donald J. Trump no tolerará que el régimen de Ortega continúe con el uso indiscriminado de la violencia, las tácticas represivas y la corrupción, que han empeorado la situación económica del pueblo de Nicaragua», manifestó la Casa Blanca en un comunicado.
La alerta la emitió el jueves FinCEN, la oficina del Departamento del Tesoro encargada de reunir y analizar información sobre transacciones financieras para combatir, a nivel nacional e internacional, el lavado de dinero, la financiación terrorista y otros crímenes financieros.
«Estados Unidos llama a la restauración pacífica de la democracia y del Estado de derecho en Nicaragua, que son fundamentales para la estabilidad económica a largo plazo», señaló la Casa Blanca.
Por su parte, el Banco Mundial advirtió sobre el impacto negativo que la crisis política en Nicaragua está teniendo en el desempeño de su economía y en el de América Central. El Banco Mundial pronostica que el PIB nicaragüense caerá este año un 3,8 por ciento, frente al crecimiento del 4,9 por ciento que registró en 2017.
