San José
DPA
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó ayer en el primero de dos debates un polémico plan tributario impulsado por el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, en medio de una huelga de protesta de los sindicatos que se prolonga ya casi por cuatro semanas.
El proyecto, denominado «Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», se aprobó tras una alianza del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), con el socialdemócrata Partido Liberación Nacional y otras fuerzas opositoras representadas en el Parlamento.
Tras el primer debate realizado hoy, el plan debe ser sometido a consulta de una sala constitucional y otros sectores para someterlo a una segunda y definitiva discusión.
Mientras se realizaba el primer debate, cientos de manifestantes en huelga se apostaron frente a las instalaciones del Parlamento para expresar su rechazo al plan. El recinto y sus alrededores estuvo celosamente custodiado por la policía y unidades antimotines.
El plan fiscal transforma el impuesto de ventas del 13 por ciento en uno al valor agregado por el mismo monto, pero ampliado a la canasta básica y otros rubros hasta ahora exentos.
Además, impone límites y recortes a pluses y bonos salariales logrados por empleados públicos mediante negociaciones colectivas.
Los sindicatos, que se alzaron en huelga desde el 10 de septiembre, denuncian que el plan golpeará a los sectores más vulnerables.
El Gobierno de Alvarado, que asumió el mando el pasado 8 de mayo, insiste en que la aprobación de su proyecto es urgente para evitar un descalabro en las finanzas públicas, que arrastran un enorme hoyo desde hace más de una década.
La huelga, que se mantenía este viernes, afecta especialmente al sector educativo, salud y servicios portuarios en el Atlántico. Según las cámaras empresariales, la paralización indefinida de labores deja pérdidas equivalentes a unos 50 millones de dólares.
