El financiamiento electoral es el pecado mortal de la democracia guatemalteca y La Hora lo ha reiterado infinidad de veces, porque es la vía de la perversa cooptación del Estado que lo puso al servicio de intereses espurios y le impidió el cumplimiento de sus fines, porque todo se empezó a hacerse para concretar los negocios entre políticos y sus financistas. Por ello es que para muchos es indispensable despenalizarlo y eliminar el concepto de que es delito porque quieren que todo vuelva al orden anterior y que sigamos tolerando a gobiernos que llegan por los chorros de dinero del financiamiento, y cuyo único mandato lo reciben de los que aportan los millones de campaña. De ellos si son sus verdaderos mandatarios.
Por eso no sorprende que ayer, en el curso de la audiencia en la Comisión Pesquisidora para el antejuicio al presidente Morales por el financiamiento electoral ilícito que inundó en su campaña, se haya planteado el tema como “un aporte cívico”, lo que fue recibido con notable beneplácito por los políticos también electos con financiamientos del mismo origen. Uno puede matar a alguien y decir que lo hizo con la intención de “salvar a la humanidad”, pero aunque se le cambie nombre, el hecho sigue siendo un homicidio o un asesinato dependiendo de las circunstancias por mucho que uno pretenda ponerle el disfraz de un acto bien intencionado. Si FCN-Nación y Morales no tenían para pagar los fiscales, el dinero que recibieron fue financiamiento y si el ahora Presidente, para babosearse al pueblo, les dijo que no lo hicieran oficialmente para que la gente siguiera creyendo que él era un candidato sin dinero, se convirtió en financiamiento ilícito, porque no cumplió con las normas establecidas y eso, aunque se disfrace con pajas de civismo, es en realidad un delito.
Es intenso el esfuerzo por despenalizar el financiamiento ilícito a los candidatos y se entiende porque de ello depende que los verdaderos dueños del poder lo sigan siendo. Si no tienen el derecho de picaporte que les da el dinero que ponen en los bolsillos de los candidatos sin control alguno, y que a éstos les permiten comprar propiedades y enriquecerse desde antes de llegar al poder, lo pierden todo y corren el riesgo de perder los privilegios que se aseguran mediante ese financiamiento ilícito que es el soborno anticipado.
Ya lo de aporte cívico lo habían mencionado algunos cuando admitieron de forma farisea su culpa, de lo que rápidamente se desdijeron. Pero repetimos que eso fue financiamiento ilícito y punto.
