Ante la manifiesta desobediencia del gobierno de Jimmy Morales a la resolución de la Corte de Constitucionalidad relacionada con la autorización para que ingrese al país el comisionado Iván Velásquez, diversos ministros accionaron presentando recursos para revertir una decisión de la CC contra la que ya no cabe más recurso que el de ampliación o aclaración. Ayer fueron rechazados dos de ellos por notoria improcedencia puesto que los recurrentes no eran parte del Amparo.
Aunque la respuesta del Ejército fue la cosa más normal y es lo que haría cualquier institución armada frente a fallos del Tribunal Constitucional, en nuestro país hay que ver como ejemplar el que oficialmente se haya dicho que ya fueron notificados y que el Ejército de Guatemala afirma que: «La CC rechazó el recurso interpuesto de nulidad (…) y se acata la orden, que es una orden judicial de la magistratura más alta de constitucionalidad y se respeta la decisión».
El gobierno ha venido manoseando al Ejército en la crisis que provocó con el intento de expulsión de Velásquez, primero, y luego con la prohibición para que pueda ingresar al país. Las críticas a la presencia de los mandos militares junto a los mandos de la PNC como telón de fondo cuando el Presidente anunció su decisión de no solicitar prórroga al mandato de la CICIG fueron generalizadas no sólo aquí sino alrededor del mundo. Ese desplante de fuerza se ha visto reforzado por la utilización hasta de los kaibiles para que se presentaran en lugares donde se temen concentraciones de ciudadanos que repudian las acciones de gobierno, además de patrullajes en distintos lugares de la ciudad por militares fuertemente armados.
El hecho de que el mismo Ejército, por medio del Ministro de la Defensa, fuera de los que accionaran legalmente contra la Corte de Constitucionalidad fue un pésimo mensaje porque se unía a la abierta desobediencia de los Ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores que hacen gala de su profundo irrespeto a la legalidad.
Por fortuna, la declaración del vocero militar, clara y concreta, de sometimiento a la legalidad y respeto a la constitucionalidad que otorga a la CC la elevada posición en el control de la legalidad, trae un mínimo de cordura en esa coyuntura surrealista a la que un grupo de alucinados ha llevado al país en medio de su desesperación por evadir la justicia y para impedir que continúen los procesos que se iniciaron en 2015 contra los ladrones que se han robado hasta la esperanza del pueblo.
