Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No debemos perdernos ni andarnos por las ramas porque desde el principio, cuando se declaró persona non grata al comisionado Iván Velásquez, el objetivo central ha sido acabar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad, lo que persiguen con todo ahínco no sólo Morales y su patético elenco, sino también poderosos sectores que desde el Zavala o los núcleos del poder económico que se han visto afectados por el trabajo de la CICIG en la lucha contra la corrupción. Y con la carta que envió ayer la canciller, así con verdadera minúscula, a la ONU se pretende crear el conflicto final para lograr el objetivo de desmantelar ese esfuerzo que resultó tan pernicioso para muchos que, por posición o supuesta alcurnia, siempre supieron que las leyes no estaban hechas para ellos y que jamás tendrían que rendir cuentas ante la justicia.
La petición absurda y abusiva de que en 48 horas se nombre a un Comisionado o Comisionada (dale con la cantaleta) que sea previamente aprobado por el Gobierno de Guatemala es como que Rigorrico hubiera pretendido que la Corte Suprema de Justicia antes de procesarlo nombrara a un juez que el secuestrador aprobara. En ninguna parte del mandato de la CICIG se establece que el nombramiento del Comisionado se debe hacer con el visto bueno de la República de Guatemala, puesto que ello desnaturaliza por completo el sentido de la Comisión.
El principal asesor del gobierno en el tema de la CICIG redactó un documento de manera tal que coloque a Naciones Unidas en una posición inaceptable y con ello lo que persiguen es el carpetazo para notificar a la ONU la denuncia del acuerdo con nuestro país para el establecimiento de la novedosa Comisión Contra la Impunidad. Puede parecer que se trata de un acto burdo, por el lenguaje utilizado y por la figura de quien firma la misiva, pero la verdad es que se trata de una estrategia bien planeada para llevar las cosas al punto crítico que necesita el gobierno para ponerle fin a la lucha contra la corrupción y no es casual la utilización de ninguno de los términos en que fue formulada la “petición” que de antemano se sabe inaceptable.
Naciones Unidas no aceptará la petición, como lo afirmó el asesor especial del Presidente y la Canciller, y eso será el motivo que se esgrima para la denuncia del acuerdo que viene a ser, como repito, el objetivo final y concreto de todo este embrollo provocado por el gobierno de Morales.
Se trata de que el país regrese a como estaba antes de 2015 cuando se destaparon los casos más notorios de corrupción pero, sobre todo, lo que vino después cuando se avanzó en la investigación sobre la cooptación del Estado que involucró a poderosos personajes para los que fue diseñado cabalmente el modelo de impunidad en el país.
Y el discurso de Baldetti en los últimos días se hará más firme y retumbará en los oídos de los guatemaltecos, porque debemos entender que el objetivo final no es quitar a Velásquez sino acabar con lo que para ellos es la patraña de la lucha contra la corrupción.
