El pacto suscrito por los corruptos se sentía a sus anchas y avanzaba con comodidad aún en intentos cínicos como el de querer descabezar a la PDH y la Corte de Constitucionalidad mediante reformas a la Ley de Antejuicios. Empoderados por la aparente indiferencia de la población pensaron que era el momento de poner en jaque mate a la ciudadanía que quiere preservar la lucha contra la corrupción y preparaban el asalto final a la institucionalidad mediante acciones orientadas a destruir el instrumento de control de la legalidad que ha sido la CC en los momentos críticos provocados por los abusos de poder y autoritarismo que caracterizan las intenciones de los promotores de la dictadura de la corrupción.
No midieron las consecuencias de su desfachatez y creyeron que podían avanzar sin reacciones de la ciudadanía. Pero tanto fue el cántaro al agua que terminó rompiendo la indiferencia ciudadana y desde la semana pasada se empezaron a organizar movilizaciones orientadas a mostrar la decisión ciudadana de impedir que mediante el atropello del Estado de Derecho se pueda consagrar esta nueva forma de dictadura que se sintió muy vigorizada por el apoyo recibido de Estados Unidos por vía del Departamento de Estado, lo que les envalentonó para dar pasos acelerados hacia la destrucción de los mecanismos que han desnudado su enorme corrupción y podredumbre.
No deja de ser significativo que el peso más importante de la movilización esté descansando en dos sectores que se consideraban como poco significativos dentro de los esquemas que formulan los grupos de poder. Los indígenas y los jóvenes son quienes han asumido la defensa de la verdadera institucionalidad que descansa en la eliminación de las prácticas corruptas que tienen hundido al país en la miseria y la ausencia de servicios. No se puede hablar de institucionalidad si la misma tiene como cimiento la corrupción que pervirtió las funciones del Estado mismo para ponerlo al servicio de los politiqueros que saquean el erario y los particulares que a punta de sobornos crean su peculiar y muy rentable gama de “derechos adquiridos”.
El imperio de la ley es la única fuente de institucionalidad y para ello hay que combatir la impunidad construida con todo empeño por los beneficiarios de la corrupción que cooptan a todo el Estado, pero que confían en un sistema de justicia que controlan para evitar el castigo que corresponde a sus violaciones de la ley.
En actitud pacífica y sin violencia, la movilización social es un derecho que nos marca la ruta para contener el avance de la impunidad.
