Claudia Escobar
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
“La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre
son las únicas causas de los males públicos y
de la corrupción de los gobiernos”.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Año 1789).
La separación de poderes es un requisito indiscutible de un Estado republicano y una condición para la vigencia del Estado de Derecho. En las obras de Aristóteles queda evidencia que desde la antigüedad se discutía la forma en que el Estado debía funcionar para beneficio de los ciudadanos.
Durante la época de la Revolución Francesa se promovieron las ideas del barón de Montesquieu, quien propuso las bases de la separación de poderes en tres órganos bien definidos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para poner fin a un sistema feudalista y terminar con la monarquía, en el año 1789, los franceses reunidos en una Asamblea Nacional promulgaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual se reconoció que “La sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”.
La Constitución de Guatemala está inspirada en las ideas de la ilustración. Los artículos 140 y 141 recogen los principios de la separación de poderes, al reconocer que el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. También se indica que el ejercicio de la soberanía le corresponde a los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Claramente se establece que la subordinación entre los mismos es prohibida. Pero estos preceptos no son suficientes si las máximas autoridades no respetan las normas y promueven acciones para eliminar el equilibrio de poderes a fin de mantener a nuestro país en la época del oscurantismo.
En Guatemala existe un riesgo inminente que el poder quede concentrado en las manos de unos cuantos individuos con intereses mezquinos, que buscan debilitar las instituciones para garantizar la impunidad de sus fechorías.
Por una parte, el presidente del poder Ejecutivo Jimmy Morales –sobre quien pesa un antejuicio– ha manifestado de forma pública y reiterativa que no está dispuesto a acatar las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, las cuales según su criterio son ilegales. El Presidente pretende que la ley se le aplique cuando a él le conviene, pero ignorarla cuando lo limita en el abuso del poder.
Por otro lado, en el Organismo Legislativo, los diputados –muchos de ellos involucrados en casos de corrupción– han dado viabilidad a la iniciativa 5300, que pretende modificar la Ley en materia de antejuicios, con el fin de eliminar el poder de la Corte Suprema de Justicia respecto a las solicitudes de antejuicios y de esta forma remover a los funcionarios que les son incómodos. El Congreso busca eliminar de un plumazo el equilibrio de poderes.
Si se debilita la justicia los ciudadanos guatemaltecos quedamos desprotegidos ante un poder absoluto, controlado por políticos de turno. En el mes de la Independencia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen que actuar con valentía y defender la Constitución. No pueden permitir que los diputados aprueben leyes espurias, ni que el Presidente condicione sus resoluciones. ¡Es momento de que hagan valer la ley!
