Víctor Ferrigno F.
Como sucedió en 2015, el Pacto de Corruptos ha vuelto a despertar a su verdugo, a la fuerza ciudadana que, más temprano que tarde, impedirá que consoliden el golpe de Estado técnico que ha encabezado Jimmy Morales. El pueblo de Guatemala está indignado, protesta de manera fragmentada, pero ha dicho ¡basta! y se ha echado a andar, para ejercer su poder soberano.
El 71% de los ciudadanos, hombres y mujeres, está de acuerdo con que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) continúe operando en Guatemala, según un estudio de opinión pública realizado recientemente por CID Gallup. Siete de cada diez guatemaltecos no están de acuerdo con el anuncio de Jimmy Morales sobre la no renovación del mandato de la CICIG.
Además, la encuestadora da cuenta que la popularidad de Iván Velásquez subió del 48% al 53%, entre 2017 y la actualidad. Se necesita ser ciego, o imbécil, para no entender la correlación de fuerzas ante la opinión pública entre el Gobierno y la CICIG.
Por su parte, la Diócesis de San Marcos emitió un comunicado muy firme, expresando su apoyo a la CICIG y al Comisionado Velásquez, y condenó el desprecio de Morales “hacia las normas que rigen la República y pisotean los acuerdos que tutelan las relaciones internacionales”. El lunes pasado, los cristianos de base organizados en CONFREGUA y Centinela marcharon hacia la Corte de Constitucionalidad, para exigir que ese tribunal resuelva las seis solicitudes de debida ejecución de la sentencia que emitió hace un año, ordenándole a Morales que respete el convenio firmado con la ONU, y le dé al personal de la CICIG todas las garantías pactadas, para que pueda realizar sin tropiezos su labor. Así, los sectores cristianos conscientes, con fuerte arraigo de base, toman partido por el Estado de Derecho y la democracia.
En asamblea general, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) declaró non grato al exrector y actual vicepresidente Jafeth Cabrera, se opuso a las decisiones de Jimmy Morales sobre la CICIG, propuso un Paro Nacional, y logró presionar al Consejo Superior Universitario para que emitiera un comunicado de condena a las ilegales acciones presidenciales.
En la Guatemala profunda, el Pacto de Corruptos indignó a las principales fuerzas sociales del movimiento indígena, que convocaron a paros carreteros, el lunes en Sololá, el martes en Totonicapán, y hoy el movimiento campesino paralizará la red vial en los cuatro puntos cardinales.
En Quetzaltenango, la inauguración de la Feria Centroamericana de la Independencia fue el escenario de un masivo rechazo ciudadano a Jimmy Morales, encabezado por los estudiantes de primaria y secundaria, que fue replicado en muchos departamentos más.
En el ámbito internacional, la ONU, el Congreso y el Vicepresidente de EE. UU., 12 países donantes y muchas otras instancias han condenado las decisiones de Morales Cabrera, y han reiterado su apoyo a la CICIG que, junto al MP, destapó ayer una nueva red de corrupción encabezada por el exalcalde de Quetzaltenango y realizó 16 capturas relevantes, demostrando que la lucha contra la impunidad se mantiene.
Aún no aparece diáfana la mano macabra de la oligarquía racista y excluyente que orquesta todas estas acciones inconstitucionales y miopes, pero más tarde que nunca la ciudadanía llamará a cuentas a todas estas fuerzas regresivas, que defienden la corrupción y la impunidad que les enriquece y les envilece.
