Jorge Santos
Las ilegales e irresponsables decisiones asumidas por Jimmy Morales durante la última semana, no son sólo el resultado de su ya conocida estupidez, sino que son la construcción de un andamiaje mucho más grande en defensa de los intereses corruptos e impunes de las oligarquías tradicional y emergente, militares, elite política y crimen organizado, con el único propósito de hacer retroceder a Guatemala más de veinte años.
Estas acciones contra la CICIG no son nuevas, sin embargo, lo que si han hecho es ir creciendo en intensidad y perversidad. Estas acciones, desde las más débiles hasta las actuales se han caracterizado por un denominador común, el cual implica obstaculizar los avances de la justicia, sobre aquellos y aquellas que históricamente han sido considerados privilegiados e impunes. Prácticamente desde su nacimiento, la CICIG ha sido atacada por estos grupos pro impunidad y corrupción. Desde los tiempos de diputado del FRG de Arenales Forno, pasando por los defensores de la estructura criminal dedicada a las ejecuciones extrajudiciales del gobierno de Berger, o bien las acciones del CACIF y la Fundesa de financiar a vociferantes actores con el objeto de realizar lobby e incidencia contra la Comisión, hasta el propio Morales, quien en un claro acto de desobediencia, abuso de poder y arbitrariedad, hace uso personal y caprichoso de su investidura para provocar una de las peores crisis institucionales de los últimos años.
Estos mismos actores, han sabido mimetizarse a través de los distintos gobiernos de turno; desde Alfonso Portillo, hasta Jimmy Morales con el objeto de limitar y hasta destruir el trabajo que la CICIG hace en Guatemala. Es por ello, que luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI- identificara y capturara a los primeros miembros de la estructura criminal denominada La Línea, el pueblo guatemalteco se volcó cinco meses a la Plaza acompañando cada uno de los avances en contra de estructuras dedicadas al saqueo de las arcas públicas, el financiamiento electoral ilícito, la cooptación de las instituciones, el lavado de dinero, la narcoactividad, la trata de personas, entre otros graves delitos cometidos desde el Estado y desde la elite económica.
Lamentablemente en esos cinco meses no fuimos capaces de construir ni la agenda política de la transformación, ni mucho menos el instrumento político que condujera la misma; es por ello que ahora en la actual crisis política generada por Jimmy Morales y su Pacto de Golpistas, la tarea histórica es incrementar la lucha social y popular hasta producir una potente y vigorosa huelga general que derroque el Régimen dictatorial de este Pacto encabezado por el presidente Morales, el Presidente del Congreso de la República y financiado, respaldado y acompañado por la elite económica. Es decir que este Paro nacional o huelga general debe de representar, tal como lo planteara Rosa Luxemburgo, la nueva forma y expresión de lucha y, como tal, representar el síntoma cierto de un profundo cambio interno en las relaciones sociales y en las condiciones de la lucha social y popular.
