Factor Méndez Doninelli
Guatemala, 7 septiembre 2018. Como ciudadano y defensor de Derechos Humanos (DD. HH.), es mi deber recordarle al señor Jimmy Morales que somos una República y como tal, el diseño del sistema republicano se divide en tres Poderes independientes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ninguno subordinado a los otros. Los últimos actos del Gobernante, relacionados con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y su titular el jurista Iván Velásquez, caen en la ilegalidad, debilitan la incipiente construcción democrática que se impulsa y buscan evitar que continúe la lucha contra la corrupción e impunidad.
En Guatemala, el sistema democrático y el Estado de Derecho están en peligro. La retórica, decisiones y acciones del señor Morales y del grupo gobernante, amenazan la institucionalidad, la paz social y la vida en democracia, sobre todo, pretenden obstruir las investigaciones que la CICIG y el Ministerio Público (MP) conducen para desarticular redes de corrupción e impunidad que mantienen secuestrado al Estado.
En el discurso que el señor Morales dirigió a la Nación el pasado 31 de agosto, para anunciar que no renovará el mandato de la CICIG, quedó claro que violó la independencia de Poderes, puesto que aludió con desdén al sistema de justicia y, además, cayó en desacato por ignorar la resolución de la Corte de Constitucionalidad de 2017, referida a detener la intención presidencial de expulsar a Iván Velásquez.
Las reacciones nacionales e internacionales contrarias a estas decisiones dictatoriales no se han hecho esperar. En Guatemala, han rechazado la decisión gubernamental la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), grupos civiles organizados, académicos, intelectuales, campesinos, indígenas, estudiantes, religiosos, sindicalistas, cooperativistas, defensores de derechos humanos, periodistas y algunos diputados.
Desde el exterior, se han escuchado voces de protesta del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, de senadores y congresistas estadounidenses, de organizaciones defensoras de DD. HH., de Gobiernos cooperantes con Guatemala integrantes del Grupo de los Trece (G-13), con excepción de Estados Unidos de Norteamérica EE. UU.
Los países del G-13 expresaron que la decisión del Gobierno guatemalteco incumple el acuerdo suscrito entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que originó la CICIG y que, “…es un paso hacia atrás en el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas en su lucha contra la corrupción e impunidad.”
Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, sostuvo: “Es ridículo que el Presidente haya expulsado a Iván del país, en un evidente intento de protegerse a sí mismo y a sus compinches.”
Ben Cardin, senador norteamericano exhortó al Departamento de Estado de los EE. UU. a que, “…apliquen presión diplomática intensa y sostenida sobre el presidente (Morales)” y la Oficina en Washington para América Latina WOLA por sus siglas en inglés, propuso que el Gobierno estadounidense debería suspender la ayuda a Guatemala, hasta que exista un compromiso de combatir la corrupción.
Las posturas internacionales adversas al Gobierno guatemalteco irán creciendo, igual que las acciones ciudadanas de protesta y resistencia interna. Pero, existe preocupación ciudadana de que la desesperación de los corruptos para evitar ser llevados a la justicia, desate actos represivos con costos sociales lamentables.
El deterioro político social y la vulneración sistemática de DD. HH., hacen necesario solicitar al Consejo de DD. HH. de la ONU, el nombramiento de Relatores Especiales para Guatemala, que vengan a investigar los abusos cometidos por los Gobernantes.
