Oscar Clemente Marroquín
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De lo que no cabe duda es que el antejuicio en Guatemala es un instrumento al servicio del manoseo de la justicia y por ello vemos cómo sirve para entorpecer procesos cuando no se quiere que alguien enfrente a la justicia y ahora, con la reforma que hoy discutirá el Congreso, para acelerarlos cuando se tienen los votos suficientes para que sean procesados penalmente aquellos que resultan molestos. La ley vuelve a ser casuística, como generalmente ha ocurrido en Guatemala, y se trata de legislar al gusto del cliente.
En el caso presente el Congreso está dominado por lo que la ciudadanía ha bautizado como el Pacto de Corruptos y por lo tanto tienen votos suficientes para beneficiar o perjudicar a alguien. Por ello consideran que es prudente eliminar el filtro que hace la Corte Suprema de Justicia al calificar, de entrada, si una acción de antejuicio tiene fundamento legal o si se trata de un acto espurio. Ahora se pretende que en los casos específicos del Procurador de los Derechos Humanos y de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sea el pleno de diputados el que tramite cualquier antejuicio contra ellos sin que tenga que mediar la opinión jurídica de la Corte Suprema sino que simplemente baste la opinión política del Congreso.
Los mismos diputados han dicho siempre que el Organismo Legislativo es un ente eminentemente político y ello significa que sus resoluciones tienen necesariamente ese carácter. Ahora se proponen aprobar un antejuicio exprés al mismo tiempo en que la comisión formada para realizar el análisis del antejuicio del presidente Morales se tomará con calma el trabajo y rendirá su informe hasta dentro de casi dos meses, lo que sirve para demostrar cómo es que se usan distintos raseros en este país para juzgar situaciones similares.
Por principio debiera desaparecer la figura del antejuicio porque no es más que un instrumento de impunidad, pero resulta que, con la más absoluta desfachatez, los diputados se proponen aprobar una reforma que les facilitará salir de quienes, en la coyuntura actual, se perfilan como sus enemigos y constituyen un riesgo como el último valladar para contener a la dictadura de la corrupción. El Procurador de los Derechos Humanos está en la mira desde hace un año cuando, recién nombrado, impugnó la declaratoria de persona non grata en contra del Comisionado de la CICIG, mientras que algunos de los magistrados de la CC son repudiados por haber otorgado amparos y dictado resoluciones contrarias al espíritu del Pacto de los Corruptos.
El golpe de Estado técnico que se viene, por lo visto, es iniciar acciones de antejuicio en contra de los magistrados que han votado de manera adversa a los intereses de esa mayoría de diputados, para separarlos de sus cargos y de esa manera evitar el control de legalidad que ha hecho la CC. No van a defenestrar a toda la CC, sino únicamente a los que no votan como ellos quieren, ocupándose de llenar las vacantes con gente de probada lealtad al pacto.
