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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82La decisión adelantada que tomó el presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad Guatemala (CICIG) ha generado diversas reacciones y hay quienes, incluso, consideran que tal resolución traerá consigo un daño irreparable en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Por Eder Juárez
ejuarez@lahora.com.gt
Países como Canadá, Suecia, España y la Unión Europea han expresado su preocupación por tal decisión y funcionarios, exfuncionarios y políticos de Estados Unidos han sugerido que ese país deberá condicionar la ayuda a Guatemala con la continuidad del mandato de la CICIG, con el objetivo de no debilitar el Estado de derecho.
Analistas consultados consideran que la decisión adelantada del Presidente no solo significa un retroceso sino más bien está enfocada en mantener la impunidad de quienes han resultado señalados por el ente internacional a través de las investigaciones conjuntas con el Ministerio Público (MP).
LINARES: DAÑO IRREPARABLE
Luis Linares, secretario general adjunto de la Asociación Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), indicó que la decisión de Morales de no renovar el mandato de la CICIG será un daño irreparable, porque es un elemento fundamental para que la lucha contra la corrupción continúe y se logren las condenas que son necesarias, para que disuadan a quienes pretendan incurrir en actos de corrupción.
«A pesar de las acciones de la CICIG continúan los actos de corrupción y esto se debe a que todavía no ha existido alguna sentencia, salvo uno que otro caso por procedimiento abreviado, con reparaciones que han hecho los sindicados, entonces es fundamental la presencia de la Comisión», dijo Linares.
Agregó que el Presidente ha hecho un desafío a la población, «está envalentonado por una cierta división entre la población, una situación que ha calado en ciertos sectores de la población».
Según Linares, el presidente Morales cree que tiene éxito su plan de desmantelar la lucha contra la corrupción, porque no ha habido consecuencias serias para él y sigue jugando con fuego, retando a la ciudadanía y quedando en evidencia que no le importa la opinión ciudadana.
DERECHOS HUMANOS
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), indicó que hay que poner sobre la mesa las causas por las cuales se origina esa decisión del Ejecutivo y la forma en la cual la realiza.
“Hay que tener claridad de que lo que está detrás de la decisión del Presidente de la República, su Gabinete, el Ejército y la policía que lo acompañó en su conferencia de prensa y en su decisión, es evidentemente la defensa de los intereses del grupo de corruptos e impunes que por años han hecho de las arcas públicas su botín”, manifestó Santos.
Además, agregó que el mensaje que se le envía a la Comunidad Internacional, a los actores políticos del concierto de las naciones, es que este es un país en el que su más alto funcionario, el representante de la unidad nacional, “es una persona que está interesado exclusivamente en la defensa de los corruptos y de los impunes”.
Según Santos, las repercusiones que se tengan de esta decisión podrían ser graves. No es poca cosa que un Presidente para defender a su familia, sus intereses personales y de los corruptos e impunes en el país, decida no renovar el mandato de la CICIG, anotó.
ÚNICO PROYECTO PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO
Por su lado Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana indicó que la CICIG ha sido el único proyecto de consenso tanto nacional como internacional que tiene Guatemala, que ha estado teniendo resultados y que podría abrir posibilidades de fortalecer el Estado de derecho y la democracia en el país.
“Si se trunca ese proyecto como lo está intentando hacer Jimmy Morales, Guatemala se queda huérfana ya que no hay ningún otro proyecto sustituto a eso, no hay un debate nacional sobre reformas importantes, la Comunidad Internacional ya tiene un cansancio sobre Guatemala, es una decisión que deja al país en una situación muy riesgosa y de mucha debilidad”, señaló Marroquín.
Agregó que el Presidente evidentemente no está actuando en el beneficio del interés nacional, sino solo pensando en su propio interés.
“El presidente Morales es la cara visible de muchos grupos que ostentan poder, militar, político y económico, para llevar a cabo esta aventura y evidentemente el proyecto de ellos es mantener el estatus quo, mantener un país pobre, y un Estado frágil porque eso evidentemente favorece los intereses de manipulación que ellos tienen y lastimosamente los guatemaltecos no hemos aprendido a votar, escogimos el peor candidato que podría haber, es un gran retroceso el que estamos viviendo en Guatemala” manifestó el analista.
CAPTURA DE MELGAR PADILLA PODRÍA HABER MOTIVADO A MORALES
Por su parte Javier Monterroso, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, dijo que la no renovación del mandato de la CICIG es una decisión basada en el miedo del Presidente de enfrentar procesos penales, no solo contra él sino de su círculo cercano.
“Un factor determinante para esta decisión fue el caso contra Erick Melgar Padilla, donde está vinculado también Herbert Melgar Padilla, que es del círculo más cercano al Presidente, pareciera ser que la captura de Melgar Padilla fue la gota que derramó el vaso en la relación entre el mandatario y la CICIG, adelantando una decisión que no debió haberse hecho ahora, es algo que traerá efectos negativos para Guatemala”, manifestó Monterroso.
Según el experto, el Presidente con esa decisión estaría violando la Ley de Probidad y Responsabilidad de Empleados Públicos, que establece que las decisiones de Gobierno no deben ser motivadas por asuntos personales.
“El Presidente en este caso sí tiene la facultad de decir ya no más a la CICIG, el problema es que lo está haciendo porque él está siendo perseguido por la Comisión, eso cambia la perspectiva de la decisión, Jimmy Morales no está legitimado para hacer esto”, señaló Monterroso.
CIUDADANÍA ACTIVA
Santos considera que para la ciudadanía hay un único camino y es el de la organización y movilización social, una lucha organizada. Esa movilización social debe ir creciendo, es decir que “uno no puede permitir que un Presidente que está acusado de graves delitos, desde el financiamiento electoral ilícito, hasta actos de corrupción, pero también denuncias públicas de acoso y abuso sexual contra mujeres, cuenta con toda la ilegitimidad para poder ejercer ese cargo, entonces a la población le queda la única vía, que será la defensa de su soberanía y en defensa de esa dignidad implica una movilización social permanente que debe crecer y el objetivo será sacar al Presidente de su cargo”, manifestó.
El activista reconoce que esa lucha social ha perdido fuerza, pero señaló que esto ha sido debido a que se han incrementado los actos de violencia contra las personas y la ciudadanía que está demandando en contra de este Gobierno, “ya hay 19 defensores de derechos humanos asesinados y un incremento de la criminalización; desde el viernes hay un hostigamiento por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) impresionante, lo que creo es que la población solo tiene esa ruta y tendremos que vencer el miedo y de manera organizada consolidar la democracia”, dijo.
“Lastimosamente la gente está muy confundida, muy decepcionada y eso obviamente ha golpeado el ánimo de manifestarse y de expresarse”, señaló por su parte Marroquín.
Además, agregó que hay un temor por la presencia militar en el Gobierno, pero eso no quita que los ciudadanos organizados se manifiesten y sobre todo que hablen con la verdad, porque hay muchas mentiras siendo replicadas afanosamente en las redes sociales y hay un boicot a los medios independientes.
“Evidentemente es una campaña para sostener el estatus quo y solo los ciudadanos organizados van a poder hacer que esto no triunfe y que Guatemala siga adelante en lugar de seguir retrocediendo como lo ha hecho en estos últimos treinta años”, dijo el analista.
Según Monterroso, la ciudadanía debe mantener la presión popular en las calles, mediante protestas, solicitudes, algo que le corresponde a la población cuando no se está de acuerdo con una decisión del Gobierno.
“A final de cuentas la decisión sí corresponde al Gobierno, pero es algo que afecta a toda la población y por lo tanto, el pueblo tiene que ser escuchado, no se puede tomar ese tipo de decisiones de forma arbitraria, personal y sobre todo cuando se realizó por intereses a grupos cercanos al Presidente”, manifestó.
De acuerdo con Linares, la ciudadanía debe manifestarse, ya que antes de 2015 pareciera que el expresidente Otto Pérez Molina iba a terminar su período sin ningún problema y que no tendría ninguna consecuencia y que las investigaciones contra él no tenían futuro y, sin embargo, sirvió la manifestación ciudadana ante la evidencia muy clara en la que se determinaba que había incurrido en actos de corrupción en forma directa.
«La expresión ciudadana debe quedarse para que sirva de elemento de presión y de respaldo a las acciones del MP y la CICIG», indicó.
