Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

Utilizamos la expresión ya no alcanza la chamarra o hay que estirar la chamarra, cada vez que el Presupuesto ya no llega a fin de mes o cuando las previsiones para determinado proyecto han quedado cortas, tuvimos un contratiempo o los ingresos ya no alcanzan. La frase llama al ahorro, es una solicitud a todos los involucrados, a los miembros de una familia o de una empresa, para que hagan un esfuerzo adicional, buscando que lo presupuestado nos alcance y normalmente va enfocada, no ha satisfacer una sola necesidad, sino a que el esfuerzo permita a la familia o a la empresa llegar al siguiente ciclo de ingresos con lo que se tiene.

Para el caso del manejo del gasto público, del Presupuesto de ingresos y egresos del Estado, llevamos gobiernos y gobiernos que han confeccionado una chamarra, para nada apegada a las necesidades del país, la elaboración del Presupuesto Nacional está totalmente condicionada por los compromisos partidarios y con un trasfondo más político que técnico que nos tiene en donde hoy nos encontramos.

Esta semana hemos sido testigos de la continuación y endurecimiento de las posturas distantes entre el Ministerio de Salud Pública y los médicos que conforman el comité Ad Hoc de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt solicitando aumentos salariales, así como de las manifestaciones del sindicato de maestros que reclaman el cumplimiento de un Pacto Colectivo de condiciones de trabajo que ofreció Jimmy Morales a cambió de apoyo político del sindicato de maestros.

La salud y la educación son dos derechos fundamentales del individuo y el Estado está obligado a atender esas necesidades básicas. Nadie cuestiona el derecho que pueda tener un médico o un maestro a un salario digno, el problema radica en que los salarios no están apegados a un análisis financiero que permita no solo determinar qué es posible pagar, equiparar los sueldos en todo el Estado según las capacidades y los resultados de cada trabajador y a un análisis de eficiencia e impacto que pueda tener para los beneficiarios de esos servicios que al final estamos pagando con nuestros impuestos.

Guatemala necesita generar pactos entre el Gobierno y sus trabajadores, pero que estos se alejen de intereses políticos o partidistas y se acerquen a objetivos y metas que beneficien al guatemalteco que demanda los servicios del Estado, necesitamos generar riqueza, es indispensable que se creen las condiciones para el desarrollo de más empresas, se busque la formalización de todos aquellos que se encuentran en la economía informal y se construya infraestructura, en la medida que esto ocurra se podrán contar con más recursos a través del pago de impuestos para cubrir estos gastos del Estado. Si seguimos estirando la chamarra sin sentido y en distintas direcciones, tarde o temprano no solo no nos cubrirá a todos sino la vamos a romper.

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