Jorge Santos
El desarrollo de las sociedades es asimétrico y siempre tiene rasgos desiguales, es decir que en su seno se dan manifestaciones de avances significativos, pero también de profundos atrasos y según sea el resultado de este balance, evidencian mayores o peores niveles de desarrollo. Así, por ejemplo, en las sociedades subsisten avances médicos, tecnológicos, sociales, económicos, políticos conviven con rasgos de barbarie tales como los linchamientos, discursos de odio e incitación a violencia.
Obviamente, Guatemala no escapa de estas circunstancias y lamentablemente las condiciones de atraso son colosales. Recientemente estas condiciones de atraso, se manifiestan más profundamente y por ende somos una sociedad marcada por la imposición de un pequeño grupo que con poder económico, político y militar impone e insiste en mantener esas condiciones de atraso y subdesarrollo para el sostenimiento de sus intereses y sus privilegios.
Estas condiciones han propiciado que, cuales estructuras criminales, grupos de poder político, militar y social junto al económico hayan impulsado lo que popularmente se ha denominado el Pacto de Corruptos. Dicho pacto constituido formalmente desde al año pasado, en tan sólo meses, nos ha pretendido sumergir en el mayor retroceso y crisis posible. Una de sus mayores expresiones se concentra en el Congreso de la República, donde de manera mayoritaria se apoyan, respaldan e impulsan muchas de las acciones del Pacto en cuestión.
Desde septiembre del año pasado asistimos a la fallida imposición de dos decretos que nos hubiesen impuesto la impunidad como la lógica establecida para corruptos y corruptores. Este hecho fue notoriamente detenido por la población movilizada para detener este agravio. Sin embargo esta pretensión de hacernos retroceder casi a las alturas de lo que implicó el medioevo, lo hemos venido sintiendo desde enero del presente año. Un Congreso presidido y coordinado por un grupo de personas que en su mayoría han cometido y siguen cometiendo ilegalidades y delitos por doquier. Desde aquellos que están acusados de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres durante el Conflicto Armado Interno, pasando por aquel que preside este órgano por pertenecer a una familia que durante muchos años han hecho de la función pública su negocio y modus operandi, hasta los que están acusados de haber recibido financiamiento ilícito.
Este pacto en su expresión parlamentario ha producido una serie de iniciativas que prácticamente nos haría retornar a las épocas del obscurantismo, desde la pretendida reforma a la Ley de ONG, las reformas al Código Penal, hasta la reciente iniciativa con dictamen favorable que sanciona y criminaliza a mujeres, la población LGBTIQ y a quienes creemos en la libertad de expresión y en la vida. Esta Pacto debe de ser detenido en sus pretensiones, derrotado y expulsado de la función pública, para no permitir que el atraso, el subdesarrollo, la violencia y la impunidad sean los valores que se imponen en la sociedad guatemalteca. Si usted está en contra de este Pacto de Corruptos no respalde, no apoye sus espurias iniciativas, porque si no usted está contribuyendo a que peores males se instalen en el país.
