Adrián Zapata
zapata.guatemala@gmail.com
Uno a uno fueron subiendo los Ministros al busito que los llevaría a la sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad (CC), para apoyar a la Canciller en su pretensión de continuar con la solicitud al reino de Suecia de que retire a su Embajador en Guatemala, el señor Anders Kompass. Era, literalmente, un grupo de “acarreados”.
De la mayoría de esos funcionarios nada extraña, pero hay algunos, muy pocos, que seguramente se sentían incómodos, allí sentados, chateando sin cesar para no tener que levantar la vista y verse en el ridículo que estaban haciendo. Esos pocos no deberían haberse dejado acarrear.
Nadie se atrevió a decir que no iba. La brillante idea parece haber provenido del Secretario de Comunicación Social y vista por el Presidente, a la distancia porque estaba ausente, con entusiasmo. Total, para él esa iniciativa le habrá parecido genial, tomando en cuenta que ha estado ridículamente dispuesto a llorar demandando atención ante sus correligionarios religiosos, a marchar frente a las cámaras televisivas y a volver a utilizar el uniforme militar que vestía cuando era oficial de la tropa loca.
Con esta acción, el Ejecutivo en pleno intentó presionar a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para que resuelvan como la Cancillería lo pretende, olvidándose de la independencia de poderes.
Algunos dirán, con justa razón, que no es sólo el gobierno central quien ejerce presión sobre los órganos jurisdiccionales y recordarán cómo algunos embajadores han tenido similar conducta. Basta recordar al respecto, la actitud de embajadores estadounidenses presionando con su presencia a los jueces en juicios contra militares. Y esta constatación no intenta, para nada, defender a los militares que masacraron al pueblo, es sólo para reconocer la similitud de la conducta de los embajadores con la que ahora ejecuta el Ejecutivo. Pero, además, en el caso de los Estados Unidos, se olvida que fue el imperialismo norteamericano el que entrenó y formó al ejército guatemalteco en el odio anticomunista que fue la motivación de las barbaries cometidas, por las cuales ahora se les juzga.
Pero volviendo a nuestro asunto, la presencia del Gabinete en pleno es, categóricamente, una injerencia política del Ejecutivo en un órgano jurisdiccional, afectando la independencia de poderes que debe caracterizar un régimen republicano. El resultado es que con lo hecho, el gobierno se debilita aún más.
Esta peculiar anécdota nos permite reflexionar sobre un fenómeno muy preocupante: la creciente judicialización de la política. Cada vez más, las contiendas políticas terminan definiéndose en las arenas judiciales, con lo cual la política incrementa su incapacidad para cumplir el rol que le corresponde en la lucha por el poder. Los políticos se transforman así de líderes en litigantes y los jueces en gobernantes. Una grave consecuencia de este travestismo político es que se disminuyen sustancialmente las posibilidades de alcanzar acuerdos y consensos en el ejercicio del poder, lo cual es una necesidad en los regímenes democráticos. Eso es imposible si los actores están en permanente litigio judicial.
Ahora bien, que las salas de vista de los órganos jurisdiccionales sustituyan las arenas políticas, no es un fenómeno circunscrito al ámbito nacional, está pasando en otros muchos países. Y con una visión de mayor profundidad, este desafortunado fenómeno muestra cómo la política tradicional se ha vuelto decrépita. Quienes a ella se dedican y los instrumentos que utilizan, particularmente los partidos, han perdido, si es que alguna vez la tuvieron, la capacidad de intermediación política.
Los ministros acarreados son un resultado de este deterioro.
