Traslado de funciones de CICIG a TSE recibe apoyos y algunas críticas

Recientemente el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) firmaron un convenio de fortalecimiento interinstitucional para que la entidad internacional dé apoyo técnico al TSE, para la prevención y erradicación del financiamiento electoral ilícito, principalmente durante el próximo proceso electoral. Algunos diputados y consultados han hecho señalamientos en contra del acuerdo de cooperación, mientras que otros analistas ven infundados esos argumentos.

POR REDACCIÓN LA HORA*
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Por ejemplo, ayer durante la reunión que sostuvieron los jefes de bloque con la Junta Directiva del Congreso, dos diputados aprovecharon el espacio para pronunciarse en contra de la carta de entendimiento interinstitucional que firmó el TSE y CICIG.

Los congresistas que emitieron su opinión desfavorable sobre este convenio son; Estuardo Galdámez del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación), y Fernando Linares Beltranena, del Partido Avanzada Nacional (PAN).

Galdámez afirmó que los magistrados del TSE “traicionaron a la patria” al brindarle información a la CICIG sobre el padrón electoral del país.

“Denuncio ante el Ministerio Púbico (MP) a los magistrados del TSE por traición a la patria, en virtud que están dando a un ente extranjero datos que son sensibles para la seguridad nacional, como lo es nuestro padrón electoral”, dijo el congresista al salir de esa reunión.

El legislador también tiene la intención de solicitar al pleno de diputados a que emita una opinión en contra del convenio.

“Yo estoy llamando al Congreso de la República para que emita un pronunciamiento formal fundamentado en derecho con respecto a ese entendimiento que firmó el TSE con la CICIG”, agregó.

Para el congresista Linares Beltranena, el convenio entre el TSE y la CICIG es inconstitucional, “pues no tiene un fundamento legal”.

“Los magistrados del TSE solo pueden hacer lo que la ley les permite, y en la ley no está que puedan hacer una carta de entendimiento con una organización extranjera”, señalo Linares Beltranena.

Además, el diputado indicó que en el mandato de la CICIG no contempla este tipo de acuerdos.

“La CICIG no tiene en su mandato intervenir en asuntos administrativos como lo es el control de la propaganda electoral, y del control de las finanzas de los partidos políticos, la CICIG solo puede intervenir en asuntos penales”, añadió.

DIPUTADOS CON OPINIONES PROPIAS SOBRE CICIG

El diputado Estuardo Galdámez pertenece a la organización política FCN Nación que enfrenta un proceso de cancelación por el TSE, debido a un caso de financiamiento electoral ilícito durante la campaña electoral de 2015.

Además, en distintas ocasiones se ha pronunciado en contra del trabajo que realiza la CICIG, al mando de Iván Velásquez.

En cuanto al congresista, Fernando Linares Beltranena ha opinado abiertamente en contra del comisionado Velásquez.

DIPUTADO ÁLVAREZ: DEBEMOS INTERESARNOS EN GARANTIZAR LA PUREZA DEL PROCESO

El diputado de la bancada Convergencia, Enrique Álvarez, indicó que las organizaciones que están en contra de la lucha contra la corrupción y que critican cualquier movimiento que haga la CICIG, buscan crear un escándalo sobre un aspecto que no tiene relevancia de carácter político.

“Es un acuerdo de asistencia técnica, es decir, debiéramos estar interesados en que se garantice la pureza del proceso electoral”, dijo Álvarez.

El legislador fue enfático en decir que el TSE no está cediendo ninguna responsabilidad sobre la CICIG, ya que solo se trata de un convenio para que la CICIG le traslade elementos de carácter técnico que van a ser útiles para garantizar el mayor control del financiamiento político y de la contratación de medios de comunicación para pautas.

Álvarez también se refirió al grupo de personas, algunos de ellos de Guatemala Inmortal y otras organizaciones, que entró en las instalaciones del TSE la semana pasada e interrumpió la conferencia en la que se detallaban aspectos del convenio, ya que considera actúan bajo una supuesta defensa de la soberanía nacional.

“Lo que estos grupos hacen sobre la base de una supuesta defensa de la soberanía del país, es tratar de desestabilizar, tratar de deslegitimar el proceso electoral”, refirió. “Desde mi perspectiva no tienen ninguna posibilidad de tomar el poder como una opción de la ultraderecha”, agregó.

De esta forma, Álvarez reiteró que este acuerdo entre CICIG y el TSE no se trata de intervención, ya que el mismo Tribunal Supremo Electoral lo solicitó, bajos términos que esa misma institución ha fijado.

El jefe del bloque Fuerza e integrante del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, Raúl Romero, calificó como positivo la firma del convenio entre la CICIG y el TSE.

Asimismo, indicó que este tipo de iniciativas ayudan a la lucha contra la corrupción y la impunidad.

“Cualquier esfuerzo que se pueda hacer conjuntamente entre organismos de cooperación internacionales y nacionales para continuar con la lucha contra la corrupción es positivo”, aseveró.

Contrario a Linares, Beltranena y Romero consideran que, en el mandato de la CICIG, está contemplado este tipo de acciones.

“Entre el mandato que tiene la CICIG está la transferencia de capacidades para que las instituciones guatemaltecas puedan cumplir con sus funciones”, añadió.

ASIES: ACUERDO NO REPRESENTARÍA FRAUDE ELECTORAL

José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), califica como “declaraciones infundadas e irresponsables” las afirmaciones que hacen algunos actores respecto a que la firma de la carta de entendimiento entre la CICIG y el TSE podría constituir un “fraude electoral”.

“Los votos descansan en las juntas receptoras de votos. Es una aseveración sin fundamento que busca desacreditar un trabajo que (busca) fortalecer las capacidades del TSE para fiscalizar los recursos de las campañas electorales. Tener un órgano electoral con esa capacidad (de fiscalización) fortalece la democracia y contribuye a la gobernabilidad”, afirma Sanabria.

El entrevistado enfatiza que esta carta de entendimiento no faculta a la CICIG para fiscalizar los recursos de campaña de los partidos políticos, sino lo que avala es la transferencia de capacidades de la Comisión al TSE para que éste cumpla con más eficiencia su labor de fiscalización.

“Se está fortaleciendo la capacidad del tribunal para que cumpla con su función. Son lamentables estas campañas de desinformación, buscan desacreditar y anular el esfuerzo institucional”, afirma.

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista y exministro de Relaciones Exteriores, comenta que, hasta el momento, no se ha escuchado algún argumento sólido que sustente que la transferencia de capacidades de la CICIG al TSE constituya un fraude electoral.

Orellana afirma que el acuerdo de creación de la CICIG “está redactado de una manera muy amplia” en cuanto al aval que le da a la Comisión para que suscriba e implemente acuerdos de cooperación con las instituciones del Estado.

“Aunque a muchos podría no serles simpático este convenio, sinceramente hasta el momento no he oído un solo argumento racional y desapasionado que me pueda decir esos motivos (que la firma de la carta de entendimiento provocaría un fraude electoral). He oído muchos gritos, muchos improperios, pero hasta esa abundancia de improperios es lo que a mí me pone en guardia de la falta de seriedad; no hay argumentos”; puntualiza Orellana.

BUSCANDO ARGUMENTOS EN CONTRA

Según el abogado Stuardo Ralón hay algunos errores técnicos en el convenio desde el punto de vista constitucional. El primero de ellos es que la carta de entendimiento está por un plazo indefinido, mientras que la gestión de los actuales magistrados del TSE y la propia CICIG tienen plazos definidos para finalizar sus labores.

Hablando del convenio, el abogado se refirió a una disposición que el TSE tomó por cuenta propia sin intervención de la CICIG.

“Desde el punto de vista constitucional, es importante el artículo 121 de la Ley Electoral que establece que la función del TSE debe ser independiente e imparcial, y por lo tanto realizar manifestación de organismos de control, en la libre emisión del pensamiento, en el control de opiniones y financiamiento, las hace en sus funciones de un órgano jurisdiccional privativo”, explicó.

“El TSE constitucionalmente no es un órgano administrativo más del Estado, es una jurisdicción y una competencia privativa en materia electoral. Como guatemalteco me interesa que no haya financiamiento ilícito en los partidos, que no haya campaña anticipada, pero eso no quiere decir que el fin justifica los medios y cualquier mecanismo para evitar esto tiene que ser en el marco constitucional”, recordó.

Desde la óptica constitucional de lo que puede hacer el TSE, y de lo que pueden firmar se excedieron por el plazo, por la terminología, por no dejar claro este tema, “sin embargo, en ningún momento he dicho que ya estemos hablando de un fraude electoral, porque de hecho no están convocadas las elecciones, lo que sí es que como ciudadanos debemos exigir un actuar sin favoritismos del TSE, sin interferencia de terceros aplicando la Ley a todos por igual”, manifestó Ralón.

Agregó que todo lo actuado de autoridad si se considera que excede de las facultadas, y en esta caso el TSE, la vía correcta es presentar el planteamiento de una acción legal ante el control constitucional, en este caso una acción de amparo que puede analizar el convenio para saber si no ponen en riesgo la independencia del TSE y que sea en una resolución de un Tribunal Constitucional ya se ha de forma provisional o definitiva se analice si los magistrados se excedieron o no al firmar ese documento, señaló el entrevistado.

Anoche, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), cuyo abogado Ralón ha sido su asesor legal, presentó una acción en contra de algunas disposiciones contempladas en la ley electoral.

SIN RESPUESTA DEL TSE

Se llamó al vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez, para conocer la postura del Tribunal al respecto, pero no contestó a las llamadas a su teléfono celular.

¿QUÉ DICE EL ACUERDO?

El pasado jueves el TSE y la CICIG, firmaron una carta de entendimiento interinstitucional, el que ayudará a mejorar la fiscalización del financiamiento electoral, de cara a las elecciones generales 2019.

El documento consta de diez cláusulas que especifican cada una de las funciones tanto del TSE como de la CICIG.

Algunas de las cláusulas contemplan que la CICIG proporcionará apoyo a la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y la Unidad Especializada de Control de los Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Además, acompañará y asistirá técnicamente al TSE en los temas que establezca de acuerdo a las funciones y mandato de la Comisión, entre otras de las acciones.

El fortalecimiento y transferencia de capacidades y conocimientos al TSE, por parte de la CICIG, puede requerir del apoyo de entidades y/o expertos nacionales e internacionales, que facilitarán la asistencia necesaria a dicha institución para la implementación y seguimiento de estas unidades.

Además, se pretende que el acompañamiento y asistencia técnica sea brindada para la ejecución y seguimiento del “mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas”, establecido entre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), y la CICIG como testigo de honor.

*Para este reportaje aportaron los periodistas: Hedy Quino, José del Águila, Eder Juárez y Denis Aguilar