Factor Méndez Doninelli
El clima preelectoral que está agitando las aguas sobre las que navega la clase política guatemalteca –políticos partidarios y diputados–, comienza a subir de temperatura en la medida que se acerca el vencimiento de los plazos para aprobar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), mismas que deben estar listas antes de enero 2019 cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a las próximas elecciones generales. Ese proyecto tiene sobre las brasas a los diputados que conforman el Pacto de Corruptos, debido a que quieren impedir a toda costa que sigan vigentes los impedimentos, prohibición y sanciones al transfuguismo y al financiamiento electoral ilícito. También la ciudadanía organizada activa y pasiva, tiene el deber de impedir que los corruptos y siervos de los intereses oligárquicos y neoliberales ganen la pelea.
En ese entorno y conforme la LEPP vigente, más o menos 88 diputados de la actual legislatura, tienen impedimento de reelegirse en las próximas elecciones, por eso están peleando los corruptos, maniobrando en el Congreso Nacional para obstaculizar la labor legislativa con la clara intención de modificar el artículo 205 Ter de la LEPP, pues es la única opción posible que les permitiría mantener las cuotas de poder y continuar con sus actos de corrupción e impunidad a efecto de seguir legislando a favor de intereses particulares y de las élites neoliberales del país, como siempre, sin importarles el bien común. Así lo han demostrado hasta ahora las legislaturas de las últimas dos décadas que se han caracterizado por paralizar, abandonar y engavetar iniciativas de ley orientadas a favorecer los intereses generales y el bienestar común, en tal sentido, la iniciativa 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral, las reformas educativas o del Sector Justicia, son algunos de los mejores ejemplos.
Hay que apuntalar la democracia participativa. Por ahora, la construcción democrática y consolidación de instituciones democráticas, es un territorio en disputa entre oligarcas y sus siervos, como la clase política y los diputados del Pacto de Corruptos por un lado y por el otro, la sociedad civil, pueblos indígenas, trabajadores, campesinos, hombres y mujeres que mantienen el pulso y que propugnan porque no se altere el citado artículo 205 Ter de la LEPP.
En ese escenario, apuesto a favor de la acción organizada de los sectores sociales citados, los excluidos, desposeídos y marginados de la sociedad, apuesto a favor de quienes defienden la paz, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el ejercicio ciudadano democrático con respeto a sus derechos humanos. Apuesto, porque se consolide la lucha contra la corrupción e impunidad que tanto daño le han hecho a la sociedad y al país.
Frente a la acción de diputados del Pacto de Corruptos, la tarea ciudadana y la de los diputados que se oponen a los corruptos, es vencer la maniobra de éstos –los corruptos– y continuar el esfuerzo colectivo por construir democracia participativa.
No será una batalla fácil, pues presenciamos las sucias maniobras que los corruptos intentan para frenar el combate a la corrupción e impunidad. La última, la abusiva ocupación de la sede del Tribunal Supremo Electoral por un grupúsculo de revoltosos y mercenarios que interrumpieron el acto de firma del Convenio de Entendimiento para el control de financiamiento de los partidos políticos, suscrita entre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG y las autoridades electorales.
