Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Todos sabemos que la obstrucción de la justicia en Guatemala es como una especie de pasatiempo favorito o un juego que casi todo mundo juega con toda la pasión del mundo, como si se tratara de un deporte extremo de esos que generan adrenalina. Sin embargo, lo ocurrido esta semana cuando el Ministerio de Gobernación no sólo se resistió a proporcionar apoyo al Ministerio Público y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad para realizar allanamientos y capturas en el marco de un operativo contra la corrupción sino después ordenó traslados fulminantes de los agentes que atendieron la orden de los fiscales para acompañarlos es un caso que excede cualquier antecedente. De hecho el Fiscal Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), encargada del caso, dijo que era la primera vez en 10 años que se producía una actitud de ese tipo, sin contar desde luego aquella otra en la que cuando llegaron los encargados de allanamientos se fueron a encontrar con abogados defensores en los sitios donde ocurrirían las investigaciones. Eso también ocurrió ya bajo la actual dirección del Ministerio de Gobernación.
En Estados Unidos, el todopoderoso Presidente, se la está viendo a palitos porque las investigaciones que se siguen en su contra son, precisamente, por obstruir la marcha de la justicia e impedir que se puedan investigar hechos relacionados con sus tratos con la maquinaria rusa que intervino en la elección última. En Guatemala, en cambio, nadie investiga el delito de obstrucción de la justicia que se intentó con declarar non grato al Comisionado de la CICIG y mucho menos la negativa a brindar apoyo a MP y CICIG en un operativo de alto impacto en temas de corrupción. Según Sandoval, los agentes fiscales tuvieron que ir a las subestaciones a conseguir los elementos.
En otras palabras, en el pasado simplemente se produjo la fuga de información que impidió capturas porque los sindicados mandaron a sus abogados a los lugares precisos de los allanamientos mientras ellos se ponían a buen recaudo, pero ahora simplemente negaron apoyo con el argumento de que les avisaron muy tarde y que el Ministerio de Gobernación ya tenía en marcha otro operativo. Porque ahora cualquier operativo que hace la PNC es boletinado como acción del Mingob y la PNC, cosa que antes no ocurría porque el Mingob no está sólo para dirigir operativos de la policía.
Es evidente el descalabro provocado y la forma en que se ha desvirtuado la función ministerial porque ahora, como ocurre también en Relaciones Exteriores, la agenda no es mejorar nada sino simplemente destruir la lucha contra la corrupción. Y eso tiene efectos, porque no sólo ha comprometido la política exterior del país, sino que está destruyendo la institucionalidad lograda en la fuerza de la Policía Nacional Civil y esos retrocesos tomará años enderezarlos por efímeros que puedan ser.
En todo caso concreto de obstrucción de la justicia se demanda una seria investigación, cosa que impide, tristemente, el famoso y tenebroso derecho de antejuicio.
