Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Tal y como ha funcionado nuestro sistema político cuesta pensar que hay alguna organización que no haya recibido dinero en forma ilícita, sea porque proviene de grupos criminales o de los particulares que compran privilegios o que aseguran sus contratos con el Estado. Es un modelo tan perforado que los agujeros pueden estar en cualquier lado y es bueno que se vayan conociendo más y más casos porque ello permitirá entender hasta qué punto ha sido penetrada nuestra democracia y comprender la razón esencial del descalabro estatal y el abandono de los fines esenciales que determina la Constitución de la República.
Algunos insisten en afirmar que el dinero simplemente “anónimo” no es tan malo y que a ese hay que premiarlo con la reducción de penas mediante la reforma al Artículo 470 N del Código Penal porque al fin y al cabo, dicen, lo hacen personas que afirman actuar de buena fe para apoyar, con ideas nobles y recursos frescos, a políticos que consideran decentes, encarnados hoy en la figura del actual Presidente que juró ser ni corrupto ni ladrón.
Les aterra pensar que los políticos tengan que hacer campaña sin depender del dinero de los financistas porque saben que con ello se les acaba el eterno control que han tenido sobre la clase política y les urge aprobar la reforma al artículo que tipifica y castiga el financiamiento ilícito para que pueda seguir una feria que ha sido altamente productiva porque a cada centavo de donación que se hace a los políticos se le saca una extraordinaria raja y no puede ser que, por esas investigaciones que emprendió la CICIG, se derrumbe todo un modelo que venía funcionando a la perfección. Porque sí que lograron que el Estado se pusiera de rodillas, abandonando sus fines esenciales porque todo giró alrededor de cómo permitir que los contratistas ganaran más dinero mediante obras sobrevaluadas e infrasupervisadas para que cualquier mamarracho fuera fuente de exorbitantes ganancias o que generara facilidades y privilegios especiales.
El antejuicio ha sido un parapeto para encubrir todos los trinquetes y pienso que es necesario que se sienten precedentes. Yo creo que si ahora que se ventila el antejuicio a la diputada Nineth Montenegro ella se desmarca de la costumbre y no entorpece el proceso, se facilitará la investigación a fondo de cómo se produjo ese financiamiento ilícito del que ha sido acusado su partido. Ya es hora de que algún político dé muestras de que realmente quiere un cambio profundo que empieza por reconocer, cuando sea el caso, los errores y hasta delitos que puedan haber ocurrido.
La tradición marca que quien es acusado de algún ilícito trate de entrampar los procesos para impedir las investigaciones, y sería muy saludable que alguien dé muestras de transparencia sometiéndose a la majestad de la ley en vez de entramparlo todo. Si hay delitos deben ser asumidos dando la cara con entereza y no con falsas salidas a pedir una falsa disculpa que luego es repudiada para evitar las consecuencias legales.
Errores todos podemos cometer. Lo que no se vale es querer encubrirlos en busca de impunidad.
