De todo lo ocurrido ayer, incluyendo la solicitud de antejuicio contra la diputada Nineth Montenegro para investigar posible delito de financiamiento electoral ilícito, lo más trascendente fue que luego de casi tres meses en el cargo, la Fiscal General, Consuelo Porras, procedió a anunciar junto al Comisionado Iván Velásquez la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales por el caso de financiamiento que involucró a varios empresarios que ya están ligados a proceso por haber entregado en forma anónima al menos el dinero que se supone sirvió para cubrir a los fiscales de mesa del partido FCN en la última elección.
Y lo decimos porque las expectativas eran grandes luego de que se presentó el caso con lujo de detalles y los mismos empresarios pidieron disculpas públicamente (aunque algunos se retractaron de hecho en la audiencia de primera declaración), faltaba la presentación del caso sobre el hoy Presidente, quien recibió el dinero y, según dijeron los mismos empresarios, expresamente pidió que fuera en forma anónima y secreta porque no quería figurar como un candidato bañado en pisto.
La acusación contra el Presidente quedó pendiente de detalles y eso colocó a la nueva Fiscal en el centro de atención. Hay tanto descaro en nuestro país que de ella se esperaba absoluta y total lealtad, no a la Ley y a la Constitución, sino al Presidente que la nombró. En el caso de la Fiscal Aldana se llegó al colmo de calificarla como “carente de valores y principios” porque no apañó la corrupción de Pérez Molina a quien gente con exceso de cinismo sostuvo que debió defender para mostrar el valor de la lealtad.
La Fiscal Porras compareció ayer junto al Comisionado Velásquez para anunciar que ya se había presentado la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, acto que marca el rumbo de su gestión al frente del ente responsable de la persecución penal. Constituye una acción de responsabilidad y apego a sus funciones constitucionales y, obviamente, marca su decisión de actuar en el marco de la legalidad, lo cual corresponde con su afirmación de que es una abogada que tiene una larga carrera académica y que no iba a tirar al cesto de la basura su pasado.
El trámite del antejuicio a Morales son otros cien pesos, como se dice, porque ya las fuerzas del Pacto de Corruptos anuncian que lo van a impedir a toda costa, lo cual obligará a la población a poner presión para que ese absurdo sistema de inmunidad convertida en impunidad desaparezca de nuestro ordenamiento legal.
