Por BOB CHRISTIE,
PHOENIX, Agencia AP
Si Christian Ávila viviese a unas pocas millas al norte, podría tener permiso de conducir, haber entrado en una universidad estado y disfrutar de las oportunidades disponibles para los jóvenes a los que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concedió el estatus legal de residente hace dos años
Pero Ávila vive en Phoenix, y el inmigrante de 24 años que llegó desde México a los 9 sigue moviéndose con miedo por la ciudad cuando va a la escuela o el trabajo.
«Te pones nervioso, las piernas empiezan a temblarte un poco cuando hay un policía detrás de ti, cuando no estás haciendo nada mal mientras conduces al trabajo», dijo Ávila, estudiante en un colegio comunitario y activista por la inmigración. «No incumples ninguna norma, estás siguiendo la ley. Pero desafortunadamente es aquí donde vivimos».
Con la acción tomada por Obama la semana pasada para ampliar el programa de acción diferida y acercarlo a millones de inmigrantes más, la difícil situación de Ávila sirve de ejemplo para una dura realidad sobre los cambios del presidente. Washington puede dejarles quedarse en Estados Unidos, pero eso no significa que su estado vaya a permitirles conducir un coche, obtener una educación a un precio asequible o acceder a un seguro sanitario.
Un mosaico de normas empezó a formarse ya en los estados — en gran parte en línea con sus tendencias políticas — luego de que Obama permitiese que algunos inmigrantes jóvenes permaneciesen en el país. Estados conservadores como Nebraska y Arizona les impiden obtener licencias de conducción mientras que lugares más liberales son mucho más acogedores en términos de servicios estatales y beneficios.
Ahora, los estados deben tomar nuevas decisiones para responder a la orden ejecutiva del presidente que permitirá a varios millones de inmigrantes más quedarse en suelo estadounidense.
