Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer se conocieron algunos hechos que evidencian cuán fuerte es la presión internacional en el tema de la corrupción, empezando por el análisis que dos abogados norteamericanos hicieron ante la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM), con relación a la presión de las autoridades de Estados Unidos para prevenir que empresas de ese país se involucren en actos de corrupción sobornando a autoridades de naciones en donde la corrupción permite, por ejemplo, la fácil obtención de licencias o de permisos de operación.
Desde hace mucho tiempo existen leyes anticorrupción en Estados Unidos y las empresas que se cotizan en la Bolsa de Valores tienen que tener mucho cuidado de no incurrir en sobornos o cualquier forma de corrupción porque sufren severos castigos. Eso, por supuesto, no ha sido obstáculo para que algunos sigan los mismos viejos procedimientos de comprar a funcionarios y en nuestro país el Ministerio de Energía y Minas ha sido una viña en ese sentido porque los ministros se han enriquecido desde hace mucho tiempo mediante la manera en que autorizan a empresas, aún de origen norteamericano supuestamente comprometidas por sus leyes.
Ocurre, desde luego, que muchos afirman y sostienen que los trámites viciados por la corrupción generan derechos y por eso hablan tanto de que se vulnera la certeza jurídica cuando se realiza algún tipo de diligencia para corregir los entuertos producto de los trámites realizados al ritmo de los billetes y no al ritmo de lo que establece la ley. Esas licencias o permisos no pueden, desde luego, generar derechos garantizados por el principio de la certeza jurídica.
Por otro lado un grupo de legisladores pidió severas sanciones a los señores Luis Mendizábal, Gustavo Alejos y Ángel González porque consideran que caen en lo establecido en una ley que prácticamente dicta la muerte económica y financiera de los que sean incluidos en sus listados. Alejos se encuentra sometido a varios procesos penales, todos por corrupción, mientras que Mendizábal está prófugo luego de haber sido vinculado en el Caso La Línea, mientras que Ángel González vio cómo se formuló acusación penal en contra de su esposa porque él la colocó a ella como representante legal de su imperio de medios de comunicación que aparece en uno de los procesos de la lucha contra la corrupción.
En el caso de González, quien opera su emporio desde los Estados Unidos, la inclusión en esa lista sería fatal porque le acarrearía convertirse en una especie de paria para el sistema financiero y no podría seguir operando en el lugar donde reside ni tampoco podrían sus canales realizar negocios con empresas norteamericanas o con empresas que hagan negocios con o en Estados Unidos.
Lo cierto del caso es que aunque algunos insistan en que la lucha contra la corrupción fue impulsada como parte de una agenda socialista por Iván Velásquez, a quien odian por haber perseguido a Uribe por criminal y no por derechista, la misma está en el centro de la atención de Estados Unidos, aún en la era Trump, lo que desbarata las patrañas de los que generaron la polarización ideológica en el tema de la corrupción.
