Jorge Santos
El artículo 45 de nuestro marco constitucional refiere que “es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución”. Esta garantía contemplada en nuestra Carta Magna, reviste gran importancia en el contexto nacional actual. En la medida que pasa el tiempo, se va consolidando el grupo que desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los poderes fácticos, pretende hacer de este país, el reino de la impunidad y la violencia.
Hoy somos testigos de una estrategia finamente hilada, a partir de la amenaza que sienten los grupos que históricamente han ostentado privilegios frente a los avances en materia del Sistema de Justicia y/o de la construcción de un verdadero modelo democrático. Estos grupos que le tienen urticaria a la democracia, han desarrollado toda una serie de acciones para hacer retroceder los pocos avances y con ello instalar un régimen de impunidad y corrupción, contrario a la garantía de los derechos humanos.
Estos poderes fácticos han parasitado la institucionalidad pública, para el sostenimiento de sus privilegios; por ello el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y los derechos humanos en el Estado amenazan sus aviesos intereses. Su mejor mecanismo de defensa es la instrumentalización del gobierno y las fuerzas de seguridad, que suelen estar hambrientas por ofrecer sus servicios al mejor pago, aún traicionando su deber. Hoy el mejor ejemplo de ello lo representan, por un lado, el repentino y súbito interés en el Consejo Nacional de Seguridad y en el cambio que desde marzo se ha dado en el Ministerio de Gobernación.
Desde el cambio en el Ministerio de Gobernación y con ello en la Policía Nacional Civil se ha observado un incremento en los hechos de violencia en general, pero también en el esquema de represión contra defensoras y defensores de derechos humanos. Según la Udefegua del 9 de mayo a la fecha han ocurrido 10 de los 18 asesinatos cometidos este año en contra de personas que defienden derechos humanos. Estos hechos se dan además de la continuidad de los actos de criminalización, el incremento sustancial a los actos de seguimiento, vigilancia y operaciones de inteligencia contra organizaciones sociales, populares y comunitarias en todo el país.
Un Presidente que no manda, que reproduce el Discurso de Odio, adorador de lo militar y con ello de la corrupción; continuará el plan de hacer retroceder aquellos espacios democráticos ganados al amparo de las luchas ciudadanas. Un Ministro de Gobernación que debilita la profesionalización de la Policía ha instalado equipos para operar y ejecutar acciones contra todo aquello que sea considerado opositor al Régimen, son la constante del presente tiempo.
Para ello sirve la resistencia, para derrocar a los poderes fácticos, que desde el Gobierno violan derechos humanos, tales como los que observamos con Jimmy Morales y sus impresentables miembros del Gabinete. Sólo la profundización de la democracia y la participación ciudadana dará paso a la construcción de otro Estado.
