Centro de detención de inmigrantes, una encrucijada

Ya había terminado el sermón y la gente había rezado. Mike Yoder decidió que había llegado la hora de dar una noticia inquietante.

POR ADAM GELLER/AP
Goshen, Indiana, EE.UU.

Mientras los feligreses de la iglesia menonita de Silverwood conversaban un domingo, Yoder, comisionado de condado desde hace trece años y granjero desde hace mucho más, se reunió con el pastor Jeremy Shue en un extremo de la sala y le dijo que había buenas posibilidades de que pronto se construyese un centro de detención de inmigrantes en un terreno donde hoy se cultiva soja al norte de la ciudad.

“Una de las pocas cosas positivas será que no habrá que manejar tanto para ir a protestar”, dijo Shue.

No hacía falta que nadie le recordase a Yoder el potencial de un conflicto. Este dirigente republicano bien sabe que casi dos tercios de los votantes del condado de Elkhart apoyaron la candidatura de Donald Trump para presidente tras una campaña en la que el magnate despotricó contra la inmigración ilegal. Pero también está consciente de que las opiniones políticas del condado están bastante divididas y de que los principales empleadores de la zona contrataron a miles de inmigrantes mexicanos, muchos de los cuales podrían no tener permisos de residencia.

Es un delicado equilibrio el que impera en este rincón del norte de Indiana, fundado sobre la base de visiones contrastantes en torno a los negocios y la fe, la comunidad y la ley. Y la propuesta de construir un centro de detención creó una situación delicada para quienes toman las decisiones.

“Fue como un microcosmos de todos los distintos aspectos de la inmigración”, manifestó Yoder. “Todo aquí, en este condado”.

UNA AÑEJA PROPUESTA

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas -la policía inmigratoria, conocida por sus siglas en inglés, ICE- trata desde hace tiempo de consolidar los inmigrantes alojados en distintos centros de detención del centro del país. Desde 2011 contratistas vienen proponiendo construir centros de detención en siete comunidades cerca de Chicago, desde suburbios distantes como Crete, Illinois, hasta el centro metalúrgico de Gary, Indiana.

“Esto es como un juego de whack a mole”, comentó Fred Tsao, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados de Illinois, que ha tratado de frenar esas iniciativas.

Municipalidades de Texas y California cancelaron en tiempos recientes acuerdos para alojar a presos del ICE en momentos en que otras comunidades buscan los empleos y el dinero que generan esos centros.

Pero la demanda de esas instalaciones va en aumento. Si bien Trump habla de construir un muro en la frontera, su gobierno está priorizando las detenciones lejos de la frontera y busca sitios donde alojar a los arrestados.

El ICE no es propietario de la mayoría de los centros de detención. Contrata empresas privadas, con fines de lucro, que alojan a dos tercios de los inmigrantes detenidos por estar en el país sin permiso. Muchos van a parar a cárceles locales con las que se firman contratos para que los reciban. La agencia invierte 134 dólares diarios por cada detenido, según cifras del gobierno.

El año pasado el ICE solicitó construir nuevos centros de detención cerca de Chicago, Detroit, Salt Lake City, Saint Paul (Minnesota) y en el sur de Texas para ampliar su capacidad de 40 mil migrantes a 51 mil.

Una propuesta de CoreCivic Inc., una de las empresas que administran centros de detención privados más grandes del país, tiene al condado de Elkhart en esa lista.

El condado se encuentra a dos horas al este de Chicago y es el corazón de una floreciente industria de vehículos recreativos remolcables, con un desempleo de apenas el 2 por ciento. Una gran población amish surte de obreros a las fábricas, pero hay 9 mil vacantes. “Tenemos muchos puestos que no quiere nadie”, dijo Yoder, cuyo padre dirigió alguna vez la fábrica de vehículos recreativos Jayco Inc.

Los inmigrantes han ocupado buena parte de esas plazas, pero los nativos se muestran divididos en torno a temas que incluyen la inmigración. Más de 7.000 colmaron el gimnasio de una escuela de Elkhart en mayo para alentar a Trump. Goshen, donde abundan los carteles que dicen “no importa de dónde eres, nos complace que seas nuestro vecino”, ofrece un contrapeso, con una universidad menonita y una gran colonia hispana.

La propuesta de construir un centro de detención podría exacerbar esa situación. Yoder se movilizó pronto, tratando de buscar un diálogo y prevenir un conflicto.

“Los comisionados tienen que resolver un asunto complejo, por eso intervine pronto”, dijo Yoder. “Las cosas no salieron como pensaba. Tal vez fui muy inocente”. (Los comisionados son funcionarios municipales que comparten las funciones de un alcalde)

EN DESACUERDO

Al escuchar a Yoder hablar del centro de detención, el pastor Neil Amstutz, de la Iglesia Menonita de Waterford, pronto se dio cuenta de que la suya era una propuesta que no podía apoyar.

Años atrás había servido como misionero en Bolivia y había trabajado en San Antonio, Texas, ayudando a refugiados de El Salvador y Guatemala, y aprendiendo español. Después de hablar con otros miembros del clero menonita, llamó a un pastor mexicano, inmigrante, José Luis Gutiérrez, cuya iglesia pentecostal se encuentra junto a unos manzanares a unos tres kilómetros (dos millas) de la suya.

La iglesia de Gutiérrez, Comunidad Cristiana Adulam, lleva el nombre de la cueva bíblica donde el rey David buscó refugio.

“Alguna gente de mi comunidad siente que la iglesia les ofrece protección, se sienten refugiados”, expresó Gutiérrez. “Es un sitio seguro para la adoración por el idioma, y no importa si tienes documentos o no”.

Junto con otro pastor, Gutiérrez y Amstutz invitaron al clero de todo el condado a una reunión y el grupo planeó un servicio en toda la comunidad para oponerse al centro de detención.

El 17 de diciembre, en un santuario decorado con velas por el feriado, una congregación improvisada llenó la mayoría de los bancos de la Primera Iglesia Presbiteriana de Elkhart.

“¿Por qué estamos aquí?”, preguntó Amstutz. “Para demostrar que, sin importar si nuestro gobierno construye o no un muro más grande para evitar la llegada de inmigrantes, ¡la iglesia de Dios derriba los muros divisorios!”.

Muchos inmigrantes, no obstante, se sienten inseguros.

Cuando Lizeth Ochoa, de 19 años, oyó hablar por primera vez del centro de detención, pensó que estaría lleno de delincuentes.

“Pero después me di cuenta de que no, de que era para gente como yo”, manifestó Ochoa.

Cuando tenía nueve meses, la madre de Ochoa le pagó a un coyote para que la trajese desde México. Se reunieron con su padre, que ya tenía trabajo en Elkhart.

Ahora su permanencia en Estados Unidos es incierta. El programa del presidente Barack Obama que aplazó indefinidamente las deportaciones de jóvenes como ella le había dado cierta tranquilidad, pero Trump dejó sin efecto esa iniciativa. En su casa, ella y sus padres tratan de no hablar del centro de detención porque no quieren alterar a sus cuatro hermanos nacidos en Estados Unidos. Pero a menudo se preguntan qué harían si agentes del ICE asignados ahora a Elkhart golpean su puerta.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Para otros, un centro de detención es lo que necesita el condado.

“Mejor que construyan uno grande, porque se va a llenar de gente”, dijo George Holiday, un operador de montacargas jubilado, en las redes sociales.

En una entrevista, Holiday dijo que el condado había cambiado mucho en los últimos años, en que aparecieron más carteles en español y llegó mucha gente que no parece hablar inglés. Los inmigrantes son trabajadores, pero ignoran las leyes que requieren permisos para ingresar al país o para quedarse, se quejó.

Hace una década, Bob Schrameyer y otros residentes de Goshen hicieron campaña para que la policía local colaborase con el ICE y para que los empleadores de la zona corroborasen el status legal de los trabajadores. El problema, según Schrameyer, es que muchos inmigrantes no pagan lo que les corresponde de impuestos pero se benefician de muchos programas sociales.

Cuando planteó mayores controles sobre la inmigración ilegal, le dijeron que esa era una tarea del gobierno federal. Y cuando el gobierno de Trump trató de hacerlo, la gente también se quejó, expresó Schrameyer, un jubilado que fue fundador de la rama local de la agrupación Ciudadanos por el Cumplimiento de las Leyes de Inmigración (Citizens for Immigration Law Enforcement).

El centro de detención es algo “obvio”, que traerá nuevos impuestos, indicó.

“Los grandes opositores a la iniciativa son los que apoyaron la inmigración ilegal en la región y, desde ya, les preocupa que vengan las fuerzas del orden”, manifestó Schrameyer.

Una mañana reciente, Roland Weaver puso a un lado la pala que estaba usando para sellar los cimientos de su casa, en la misma County Road 7 donde se construiría el centro de detención. Esa instalación garantizaría que se cumplen las leyes y algo más, de acuerdo con Weaver.
“Tenemos una constitución basada en los principios de Dios y muchos de ellos, de los ilegales, no tienen eso de donde vienen, de modo que traen sus creencias”, agregó el hombre, un albañil en una planta automotriz.

“Mucha gente dice que Jesús defendía a los ilegales y que no había fronteras cuando él estuvo en este mundo. Pero esos eran otros tiempos”.