Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Algo que hasta al más radical de los radicales le cuesta defender es el hecho de que el financiamiento electoral es el peor vicio de nuestra democracia y dentro del mismo, se tienen dos versiones de financiamiento y así lo contempla la ley: el financiamiento que se hace con dinero cuyo origen es ilícito y el que se hace con dinero obtenido de manera lícita.
Hay quienes sostienen que el cáncer maligno es el que viene del dinero ilícito y que en ese es el que hay que centrar todas las baterías y el otro, el que viene de dinero lícito, lo tratan como un tumor benigno, es decir, aceptan que es “problemático” pero que no es fatal para el paciente, es decir, nuestra democracia. Hay quienes incluso dicen, que “cualquiera puede hacer con su dinero lo que quiera” y en eso tienen razón pero luego me ocuparé de ese punto en particular.
Mi gran tema con esto es el siguiente: Si hay quienes se dan a la tarea de retratar el financiamiento con fuentes ilícitas como el gran problema de nuestra democracia, ¿por qué han hecho o solapado el financiamiento con fuentes lícitas ocultándose en el anonimato de la misma manera que hacen quienes financian con dinero ilícito?
Hay quienes dicen que no se oculta igual y que por eso es que se pide la factura (por servicios que no se prestan), lo que demuestra que la intención era la misma (quedar oculto) pero con la gana de darle un tinte especial al aporte y que de ajuste, sirva como gasto deducible y crédito fiscal.
Quienes financian con dinero “mal habido” buscan impunidad, pero como dicen que uno es tan distinto de otro, yo me pregunto por qué quienes han financiado o recibido dinero de financiamiento con origen lícito están buscando impunidad y coqueteando con unos diputados que necesitan y quieren dejar las cosas impunes para seguir la fiesta de la cooptación en las próximas elecciones.
Si hubiera coherencia, en lugar de hacer foros con abogados que saben cómo se mueve la melcocha y que desean exponenciar el tema del financiamiento del narco y minimizar el otro, lo que se debería de hacer es no pretender que las cosas queden en impunidad. Hasta lo que he visto de manera pública, nadie (La Hora y yo incluidos) está pidiendo que los autores del delito se pudran en la cárcel, sino que podamos pensar en una nueva Guatemala en la que no se siga construyendo a base de impunidad, se fijen reglas claras y entonces podamos ver el financiamiento con dinero ilícito como el gran problema porque el otro ya se resolvió o hay mayor voluntad.
La Corte de Constitucionalidad (CC) abrió una peligrosa puerta, pero no le dijo a los diputados que modificaran la tipificación para favorecer impunidad, sino que dijo que había que atenuar las penas para quienes financien con dinero lícito y eso es lo que no están cumpliendo algunos en el Legislativo y por lo que muchos se están haciendo de la vista gorda.
Y es que el caso resulta fundamental porque en las próximas elecciones no podrán aparecer aparejados a ningún proyecto esos que no tengan la coherencia entre lo que dicen y hacen, entre lo que dicen en privado y manifiestan en público, pues de lo contrario será seguir con más de lo mismo y eso es justamente lo que no necesita Guatemala. El dinero ilícito y el oculto no pueden tener cabida en nada.
Financiar, en sí, no es delito y cada quien puede hacer con su dinero lícito lo que le venga en gana, pero hay que cumplir con las normas, registrarlo y obtener un recibo. Siendo dinero lícito no hay que usar las formas que usan los narcotraficantes y aquellos que buscan anonimato e impunidad y por eso, bien nos caería que se marquen categóricamente las diferencias con hechos y no palabras como decía el exalcalde.
