POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Alianza por las Reformas considera que el proceso de elección que está llevando a cabo el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) para elegir a los integrantes de sus órganos auxiliares carece de fundamento legal, por lo que solicitan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anule el proceso y que se inicie de nuevo.
La Alianza presentó un amparo ayer en la CSJ. Al momento de plantearlo recusaron a la magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada, ya que ella está participando como candidata para integrar la Junta de Disciplina Judicial de Apelaciones.
Álvaro Montenegro, integrante de Alianza por las Reformas, explica que el proceso se está desarrollando sin que exista un reglamento para la Ley de la Carrera Judicial.
Además, al colectivo le genera preocupación la nómina final de candidatos que están siendo sujetos a una entrevista.
“Vemos que algunas de las objeciones en contra de la magistrada Silvia Valdés no fueron tomadas en cuenta y ayer (durante la entrevista) nos dio mucha preocupación que dos miembros del Consejo (Carolina Paniagua y Gilma Valladares), se refirieron a Valdés con alta estima, se ve ahí que no hay imparcialidad en el proceso”, dice Montenegro.
En su entrevista, Valdés se refirió a una tacha que presentó contra ella la Fundación Myrna Mack, quien fue condenada moralmente en una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) por difundir calumnias contra la activista Helen Mack.
Valdés dijo que esta condena fue emitida en fraude de ley, por lo que ella planteó un amparo en la CSJ y esta lo declaró con lugar y también fue avalado por la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que se anuló la condena.
En el amparo, Alianza por las Reformas señala que hay varios agravios y derechos constitucionales que están siendo vulnerados, entre estos se encuentra el derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, la garantía de sujeción a la ley por parte de funcionarios públicos, entre otros.
Carlos Guerra, presidente del Consejo de la Carrera Judicial, dijo que el proceso ha sido transparente y público. Además, dijo que la ausencia de reglamento debió de resolverse más de año y medio atrás, pero eso no es atribuible al CCJ.
“En cuanto a que no existe reglamento, la misma ley se contrapone pidiendo que en un tiempo prudencial de tres meses se haga ese concurso. La ausencia de reglamento debió resolverse hace más de año y medio, pero el Consejo entró a funcionar el 9 de febrero del 2018, es decir ya estaba vencido el plazo para la elaboración del reglamento, eso no es atribuible a nosotros”, dijo Guerra.
