Por Sonny Figueroa
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Si la Corte de Constitucionalidad (CC) otorga el amparo presentado por la diputada Andrea Villagrán, para que 66 diputados no conozcan y aprueben la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, será un parteaguas porque marcará un precedente, señalan analistas políticos. De momento la Corte solicitó un informe al Congreso de la República por el posible conflicto de intereses que pueden tener ese grupo de legisladores con la reforma.
Para el analista político Jorge Wong, la acción presentada por la diputada Villagrán marcará un antes y un después, porque de ser otorgado el amparo provisional por la CC se tendría como precedente en las futuras votaciones donde los diputados buscarán ser juez y parte.
En el reportaje titulado Reforma a financiamiento electoral ilícito: diputados no siguieron exhortación de CC, la analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), María Fernanda Galán, señaló que si es otorgado el amparo, podría ser un precedente en relación al procedimiento para las votaciones en las cuales existe conflicto de interés de parte de diputados, ya que según el artículo 99 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se debería de alterar la cantidad de votos necesarios para aprobar la ley en discusión, restando los votos de los diputados que se abstienen de votar.
AMPARO PRESENTADO ANTE LA CC
La diputada Villagrán presentó un amparo para evitar que 66 congresistas continúen participando en las sesiones donde se conoce la iniciativa de ley que modifica la tipificación y penas para el delito de financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado.
La funcionaria elaboró y adjuntó en el amparo el listado de los 66 diputados que tienen conflicto de intereses en la aprobación de esa iniciativa, siendo 29 congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 36 del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y un diputado independiente, exintegrante del partido cancelado Libertad Democrática Renovada (Lider).
Por esta acción, la CC ya solicitó un informe al Congreso el cual deberá ser enviado en un plazo de 48 horas.
