Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Cualquiera pudiera pensar, dada la manera en que han funcionado las cosas, que ante la decisión de nuestro mayor accionista de tratar de pasar de la denuncia y la protesta a la propuesta y a la acción desde la arena política, la posición de La Hora o la mía personal, habría de variar en torno al financiamiento electoral ilícito y su tipificación.
Se pensaría que, para poder evitarle a un familiar cualquier pena ante la ley lo mejor sería decir ahora que lo que están queriendo aprobar los diputados está bien, que no genera impunidad, que es una tipificación adecuada desde la óptica jurídica y técnica, que a los pobres secretarios generales los agarran de papos y se debe liberarlos de responsabilidad para dársela al gran negociante del contador del partido y que los financistas solo han querido salvar a Guatemala de las garras de los políticos más malos y merecen un premio Nobel y el agradecimiento de la población.
Pero como aquí en La Hora estamos queriendo hacer las cosas diferente y de cara al sol, aunque eso nos siga costando el cerco financiero de parte de algunos que quieren y necesitan lo que los diputados pretenden aprobar, nuestra postura es ratificada y concretada en torno a que lo que impulsan los diputados en relación a la modificación del financiamiento electoral ilícito es impunidad en su máxima expresión.
Por eso, es que desde La Hora y en otros espacios en los que se tiene incidencia, he dicho de manera clara que la tipificación que no genera impunidad es la propuesta por el Ministerio Público y que en el Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC) acogimos con una modificación en las penas y una petición adicional para que los condenados por ese delito no puedan ser contratistas y/o financistas de campañas.
La propuesta dice así: “Se considera asimismo, financiamiento electoral ilícito todo aporte, recepción o autorización de recursos realizados en forma anónima o los que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política y será sancionado con prisión de 2 a 6 años. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo o cargo público, o cargo de elección popular; además de las penas impuestas se le inhabilitará para optar a cargos públicos” y a eso hay que agregarle la inhabilitación a ser financistas y proveedores.
Guatemala demanda acción y demanda coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y por eso es que resulta una broma de mal gusto ese pacto que algunos particulares hacen con los diputados para asegurar impunidad, ya que además sienta las bases para que en las próximas elecciones los cooptadores tengan a tiro la posibilidad de cercar a quienes hablen de un cambio.
Quien de verdad quiera ese cambio debe salir a fijar postura pública y no escudarse en un burdo argumento de que “se es el jamón del sándwich” y que por un lado chantajean los diputados, algunos del sector y por el otro presionan la sociedad civil y la prensa. Guardar silencio en estas condiciones es querer impunidad, mantener los vicios y seguir la cooptación con las próximas elecciones.
