/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82Por Sonny Figueroa
sfigueroa@lahora.com.gt
La diputada Andrea Villagrán, de la bancada TODOS, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que 66 congresistas continúen participando en las sesiones donde se conoce la iniciativa de ley que modifica la tipificación y penas para el delito de financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado. A esto se suma que organizaciones de la sociedad civil rechazan la reforma.
Actualmente la reforma al artículo 407 N del Código Penal, que se refiere a las penas por el delito de financiamiento electoral ilícito, fue aprobada en su segunda lectura, pendiente de la tercera lectura y redacción final. Según lo indicado por la diputada Villagrán, lo que se busca con el amparo es retrotraer ese proceso porque en las sesiones plenarias, donde se discutió en primera y segunda lectura, participaron congresistas que tienen conflicto de intereses.
“Se presentó un amparo en contra del Congreso de la República por la aprobación de las reformas al artículo 407 N porque existen diputados que tienen conflicto de interés para conocer y participar en las diferentes lecturas de la iniciativa. Esta iniciativa fue conocida en primera y segunda lectura, y se recurrió a la Corte de Constitucionalidad porque se violentó el artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso, y por ende, existe la amenaza de que se apruebe un decreto que busque beneficiar a personas y no en beneficio del país”, señaló Villagrán.
La funcionaria adjuntó en el amparo el listado de los 66 diputados que tienen conflicto de intereses en la aprobación de esa iniciativa, siendo los 29 congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 36 del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y un diputado independiente, exintegrante del partido cancelado Libertad Democrática Renovada (Lider).
CONFLICTO DE INTERÉS
En el amparo se detalla que los diputados del FCN-Nación tienen un conflicto de interés porque el partido político está siendo investigado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por financiamiento electoral ilícito. También porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de cancelación para la agrupación y porque el presidente Jimmy Morales tiene un proceso de antejuicio por ese delito.
En el caso de la UNE, también se señala que existe una investigación por financiamiento electoral ilícito por irregularidades en sus finanzas en el proceso electoral del 2015. En este caso está señalado Orlando Blanco, quien actualmente es el jefe de bancada del partido en el Congreso. Por estos señalamientos, los congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza no podrían participar en la discusión de la iniciativa.
El único diputado independiente incluido en el listado es Roberto Villate, quien está siendo investigado por irregularidades en las finanzas del partido Lider, cancelado cuando él fue secretario general.
Se intentó comunicar con el jefe de bloque de FCN-Nación, Javier Hernández, pero no respondió a las llamadas. Por su parte, Orlando Blanco de la UNE aseguró que el amparo no procederá. “Este tipo de recursos son acciones políticas de diputados que quieren mantener contentos a su electorado, aunque no tenga posibilidad de prosperar legalmente”, señaló Blanco.
ORGANIZACIONES RECHAZAN REFORMA
A través de un comunicado la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Alianza por las Reformas, Acción Ciudadana y Justicia Ya, manifestaron su rechazo a la reforma que se pretenden hacer al delito de financiamiento electoral ilícito, señalando que de aprobarlas, se beneficiarían a congresistas y al presidente Jimmy Morales, señalado por ese delito.
Rechazamos la propuesta para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito que actualmente se discute en el Congreso de la República. Con esta reforma se beneficiarían alrededor de 60 diputados y el mismo presidente Jimmy Morales, quien era secretario general del FCN-Nación, además pondría en riesgo otros casos en contra de personas que están siendo investigadas y procesadas por este tipo de delito. Exigimos al Congreso de la República abstenerse de aprobar dicha reforma y limitarse a cumplir con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Les recordamos a las y los diputados que se han presentado varios amparos en la CC con relación a este tema ante un inminente intento del Congreso de buscar impunidad, dice el comunicado.
CONTENIDO DE REFORMA
La reforma al artículo 407 N del Código Penal cambia la tipificación del delito de financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado, exculpando a los secretarios generales de las organizaciones políticas de cualquier irregularidad. También establece una pena de 2 a 5 años para los que cometan estos delitos, permitiendo la conmuta.
Vea el listado completo de los 66 diputados señalados
Arzú: Limitar derecho de presentar iniciativas es un delito
A través de su red social Twitter, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar se pronunció por el amparo presentado por Villagrán. Arzú dijo que se incurriría en un delito si se pretende limitar el derecho de los diputados de presentar iniciativas.
“Todos los diputados tenemos el derecho constitucional de presentar iniciativas de ley, dictaminarlas, discutirlas y votarlas. Cualquier intento de limitar ese derecho constituye un rompimiento al orden constitucional y por tanto un delito penal grave”, señaló el Presidente del Congreso.
