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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Al cumplirse tres meses desde que estallaron las protestas en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se ha afianzado en el poder gracias a la acción armada de policías y paramilitares, mientras cierra puertas al reclamo de la comunidad internacional para buscar una solución pacífica a la crisis.
POR GABRIELA SELSER/DPA
Managua
Tras acceder, en mayo, a dialogar con la opositora Alianza Cívica, nacida al calor de las primeras manifestaciones estudiantiles de abril, el exguerrillero, de 72 años, echó pie atrás y presuntamente rechazó incluso una oferta de Estados Unidos para «negociar» su salida del poder y adelantar a marzo de 2019 las elecciones de 2021.
Posiblemente oxigenado por un diálogo nacional que la iglesia Católica, como instancia mediadora, aún intenta preservar, Ortega halló su fuerza en los grupos parapoliciales, que hicieron su debut aterrorizando las principales ciudades del país donde ya nadie se atreve a salir de su casa después de las seis de la tarde.
Redadas, capturas selectivas y asaltos a viviendas sin orden judicial son el modus operandi de estos nuevos cuerpos armados, tolerados por el Ejército pese a la crítica ciudadana, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
Los temidos encapuchados atacaron a balazos tres grandes marchas pacíficas desde fines de mayo, y el fin de semana pasado arrasaron con los tranques (retenes de protesta) en la región sur-central donde dejaron más de 25 muertos, según fuentes del movimiento campesino.
ORTEGA OPTA POR LLAMAR A OPOSICIÓN “TERRORISTAS”
El pasado 7 de julio, al sentenciar que haría «desaparecer” los tranques, Ortega se refirió por primera vez a los opositores como “asesinos” y “terroristas”. Endureció así su discurso descartando toda posibilidad de adelantar los comicios y criticó por primera vez en público a los obispos de la Conferencia Episcopal.
A partir de ese día hubo nuevos ataques de paramilitares a estudiantes, mientras en Diriamba (sur) rabiosos activistas del Gobierno agredieron a golpes a un grupo de obispos, sacerdotes y al Nuncio Apostólico en el país, el polaco Waldemar Sommertag.
«Ortega desató una barbarie porque es un hombre sediento de dinero y hambriento de poder”, declaró a dpa el obispo de Managua, Silvio Báez, que salió de Diriamba con el antebrazo herido por un objeto corto-punzante. “Asesino, terrorista», repetía la turba enardecida.
Días después, una iglesia de Managua fue baleada por paramilitares que la sitiaron durante dieciséis horas. En su interior, más de 150 estudiantes previamente desalojados de la universidad vivieron momentos de terror junto con un grupo de religiosos y periodistas.
AHORA LOS ACUSA DE GOLPISTAS
Junto con obispos y sacerdotes, conocidas figuras de la sociedad civil, empresarios, periodistas y dirigentes políticos ligados al sandinismo disidente comenzaron a ser señaladas esta semana como “golpistas” y sus rostros circulan en videos anónimos amenazantes.
Simultáneamente, dos leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero, que imponen penas de 15 a 20 años de prisión, fueron aprobadas de urgencia el lunes. «Son leyes de espionaje financiero, para controlar todos los movimientos de capital en el país”, dijo el político opositor y ex vicecanciller liberal José Pallais.
¿Por qué gobernar bajo extrema tensión, con cientos de muertos en sus espaldas y una economía que en 90 días pasó de la fragilidad a la ruina?, se preguntan políticos, diplomáticos y gente de a pie que jamás imaginaron revivir días tan dramáticos como los que en 1979 precedieron a la caída del dictador Anastasio Somoza, a quien Ortega ayudó a derrocar.
«Dicen que Ortega no es un civilista, sino un comandante terco y traumatizado por la guerra”, comentó un empresario colombiano que vino a Managua buscando paz y ahora tendrá que probar suerte en Costa Rica. Un exgeneral del Ejército que pidió el anonimato opinó que Ortega “no está loco, pero sí convencido de que puede gobernar a punta de represión hasta sofocar la protesta».
LAS CONSECUENCIAS DE LA PARÁLISIS
Según cifras recientes de organismos no gubernamentales, la crisis ha dejado más de 350 muertos y al menos 2 mil heridos, en un país de sólo seis millones de habitantes y el segundo más empobrecido de América Latina.
Los defensores de derechos humanos han lanzado un SOS mundial, señalando que cada día parece más trágico que el anterior. Pese al miedo a ser asesinadas, miles de opositores siguen saliendo a la calles con banderas de Nicaragua y clamando por “justicia” y “libertad”.
El lunes, 13 gobiernos latinoamericanos condenaron en Bruselas la represión y violación de derechos humanos en Nicaragua, durante la cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea.
En su «Declaración especial sobre la Situación de Nicaragua», Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay expresaron preocupación «por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales».
Igualmente urgieron a que la situación de Nicaragua sea abordada en la CELAC, para demandar a Ortega el “cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares”.
OEA PIDE ELECCIONES ADELANTADAS
Justo el día en el que se cumplieron tres meses de protestas en Nicaragua, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución que insta al Gobierno de Daniel Ortega a «que apoye un calendario electoral», una fórmula para pedir comicios anticipados como salida a la peor crisis en décadas en el país centroamericano.
La resolución, patrocinada por un grupo de nueve países liderados por Estados Unidos, fue aprobada por 21 votos -tres más de los necesarios- en un consejo permanente extraordinario en Washington cuando los muertos en Nicaragua superan ya los 300.
Es la primera resolución de la OEA en esta crisis. Condena la violencia y exige «el desmantelamiento de los grupos parapoliciales», acusados junto a la policía por la oposición de ataques contra los manifestantes y de represión del pueblo.
Al rechazo nicaragüense al texto se unieron Venezuela y San Vicente y las Granadinas. Siete países se abstuvieron y tres estuvieron ausentes, entre ellos Bolivia, aliada de Managua, que se fue por desacuerdos con la presidencia en la tramitación de unas enmiendas a la resolución, que finalmente retiró, las cuales pretendían eliminar el llamado a comicios anticipados.
La resolución exhorta al Gobierno de Ortega a «que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de Diálogo Nacional». En ese diálogo, ahora suspendido, la opositora Alianza Cívica pidió elecciones anticipadas y la Iglesia católica, que actúa como mediadora, aceptó la petición.
Propuso entonces al presidente nicaragüense el 31 de marzo de 2019 para anticipar los comicios previstos inicialmente para 2021. El 7 de julio, Ortega rechazó las elecciones anticipadas.
Su canciller, Denis Moncada, censuró tanto la resolución como los comicios que pide. «La desconocemos», dijo en el consejo permanente. En Nicaragua hay «un golpe de Estado» y una «ruptura del orden constitucional», aseguró, y acusó a Estados Unidos de «injerencia». «Nicaragua ya pasó en la década de los 80 por esto. Parece que estamos volviendo a la época de golpes blandos», dijo.
Una propuesta de resolución presentada por Nicaragua en el último momento para instar a la comunidad internacional «a respetar la autodeterminación del Estado de Nicaragua para restablecer la paz y la seguridad sin injerencias de ningún tipo» fue rechazada por 20 votos en contra, tres a favor y ocho abstenciones.
