Javier Monterroso
Después de los casos de corrupción que CICIG y MP presentaron contra el sistema político, empresarios, jueces y magistrados en el 2015 y 2016 existía un ambiente de cambio y triunfalismo, un expresidente y su exvicepresidenta en prisión, varios diputados incluyendo expresidentes del Congreso presos y otros fugados. En el Congreso de la República presidido por Mario Taracena de la UNE, se aprobaron varias leyes importantes como las reformas a la ley electoral que le daban poder al TSE para regular la propaganda electoral en medios de comunicación y tener un mayor control de las finanzas de los partidos políticos, además una prohibición para el transfuguismo donde los diputados que se cambiaron de partido no podían reelegirse. El mismo Congreso aprobó una nueva Ley de Carrera Judicial que le daba más poder al Consejo de la Carrera Judicial y disminuía poder a la Corte Suprema de Justicia, reformas a la Ley Orgánica del MP que blindaron a la Fiscal General, e incluso bajo la creencia de contar con un importante apoyo popular se atrevieron a presentar reformas constitucionales al sector justicia avalados por los tres presidentes de los organismos de Estado, todo iba sobre ruedas.
Sin embargo en los últimos dos años se demostró que avanzar en la ruta que se había trazado para “rescatar al país” no iba a ser fácil: las reformas constitucionales fueron defenestradas y quedaron abandonadas en su proceso de aprobación, la ley de Carrera Judicial aprobada a la carrera y en forma inconsulta tenía tantos errores que debieron aprobarse reformas para implementarla y dos años después no solamente no ha sido implementada plenamente sino que se ha demostrado que no conllevó cambios de fondo, los procesos penales empantanados por una serie de argucias legales de abogados marrulleros, deficiencias en los sistemas de gestión de tribunales y mora judicial en salas y en la Corte de Constitucionalidad. Además, de cara al próximo proceso electoral el TSE fue incapaz de implementar las reformas a la Ley Electoral, por lo que no controlará en forma eficiente la propaganda en medios ni mucho menos el financiamiento electoral. Y en cuanto a los impedimentos para el transfuguismo existe un riesgo en que el Congreso logre modificar la ley con lo que 80 tránsfugas podrían reelegirse.
Además a inicios del gobierno la presión de la Embajada de EE. UU. y la CICIG logró posicionar a algunos cuantos funcionarios decentes dentro del Gabinete de Jimmy Morales, sin embargo, dos años y medio después, de ese grupo ya solo queda la Ministra de Trabajo porque responde a intereses norteamericanos, el Ministro de Gobernación y la Ministra de Salud no sólo están fuera del gobierno sino que con denuncias penales presentados por la Contraloría General de Cuentas que casi seguramente les impedirán participar en el gobierno o en puestos de elección popular para los próximos años, y en su lugar el Presidente nombra a una verdadera amenaza y obstáculo para la CICIG como es Enrique Degenhart en Gobernación y a Carlos Soto en Salud que terminó de enterrar las buenas intenciones que tenía la anterior administración.
Finalmente en el MP no se ven señales claras de querer seguir con la lucha contra la corrupción, los antejuicios siguen detenidos o empantanados y el nombramiento de Conrado Reyes como magistrado suplente de la CC podría inclinar la balanza hacia el grupo anti CICIG. Los diversos frentes sociales e iniciativas que alentaban la lucha contra la corrupción no logran impactar en el imaginario social y la crisis económica que ya comenzó y afecta a todos los sectores inmoviliza y hace que la gente se preocupe por comer y producir y no por protestar. Así las cosas las perspectivas para el proceso electoral del 2019 no son para nada alentadoras.
