Carlos Figueroa Ibarra
Con el estilo reiterativo que lo caracteriza, “necedad” según sus detractores, a lo largo de muchos años y durante su última campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador recalcó que en México no podía haber “gobierno rico con pueblo pobre”. Razones le sobraban para hacer esa aseveración. Existen dos terceras partes de la población que viven en situación de pobreza. El boato de la llamada “burocracia dorada” es tan grande que en el Proyecto de Nación 2018-2014 –la plataforma programática para la campaña presidencial–, se afirmaba que con reducir en un 50% los salarios de la alta burocracia gubernamental, el erario público contaría anualmente con alrededor de 411 mil millones de pesos adicionales (aproximadamente 20 mil 500 millones de dólares). Además, el propio candidato de Morena y sus aliados afirmó en repetidas ocasiones que pensaba reducir en 3 mil las seis mil plazas con las que hoy cuenta el gobierno federal. Esta reducción abarcará primordialmente una cantidad significativa de puestos de alta burocracia que parecen ser innecesarios.
Salarios insultantes, teléfonos, autos, seguros de salud privados, gastos de representación, son algunos de los privilegios con los cuales han contado los altos funcionarios del país. Esta élite burocrática, generalmente proveniente de las clases más pudientes del país, se vio construida particularmente a partir del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y consolidada según informes periodísticos con la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Todo esto no incluye el enriquecimiento ilícito merced a la corrupción que según calculan el Banco Mundial, Banco de México, FORBES y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado oscila entre el 9 y 10% del Producto Interno Bruto, aproximadamente un millón de millones de pesos (50 mil millones de dólares). De ser esto cierto, los contribuyentes de México y el erario público padecen una enorme sangría que ha contribuido de manera decisiva a la desigualdad en el país. Resultan de carácter estratégico en este contexto, los dos programas fundamentales del gobierno entrante de López Obrador: la austeridad republicana y la honestidad. Con ambos se espera recuperar una buena parte del dinero que hará falta para todos los demás programas que piensa implantar dicho gobierno: proyectos de infraestructura y otros emprendimientos de inversión pública, construcción y reparación de refinerías, apoyo al campo, rescate de millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, pensiones para adultos mayores, reforestación.
Una primera medida que ha anunciado Andrés Manuel es invocar el artículo 127 de la Constitución que estipula que ningún funcionario podrá ganar más de lo que percibe el Presidente de la República. Y López Obrador ha anunciado que percibirá la mitad de lo que percibe el actual presidente Peña Nieto, lo que significa un salario de 108 mil pesos mensuales (aproximadamente 5 mil 400 dólares). Puede usted imaginarse lector o lectora, la rabia que esto está generando entre los afectados. Por fortuna, es mayor aún la rabia de la mayor parte del pueblo mexicano, esa parte que vive en la pobreza, pero que ahora tiene la esperanza.
