Adrián Zapata
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Ayer, en la octava sesión extraordinaria del Congreso de la República, estaba agendada, en el punto cinco, la discusión en tercer debate del proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley de Agricultura Familiar. Lamentablemente el quórum se rompió antes de llegar a dicho punto y, por lo tanto, no se pudo discutir y aprobar.
Es muy positivo que en el Congreso, con todo el desgaste y desprestigio que tiene, se haya logrado agendar dicha ley, debido a dos razones fundamentales. La primera es de orden procedimental, ya que en la elaboración del dictamen el entonces Presidente de la Comisión de Agricultura, el diputado Nery Samayoa, pidió la colaboración de la Usac, a través del Ipnusac y la Facultad de Agronomía, del Colegio de Ingenieros Agrónomos y de la FAO. También es muy relevante el papel que jugó el legislador Jairo Flores, desde el Frente Parlamentario contra el Hambre, quien también ha impulsado dicha iniciativa de ley.
En América Latina, en el marco del PARLATINO y del continental Frente Parlamentario contra el Hambre, existe la “Ley Modelo de Agricultura Familiar”, elaborada con el invaluable apoyo de la FAO, como un marco jurídico que pretende servir como base para que los distintos Estados latinoamericanos elaboren sus respectivas leyes nacionales en esta materia. La iniciativa guatemalteca se enmarca en ella.
Responde, por lo tanto, a una participación amplia, tanto nacional como continental, que la respalda.
La segunda razón que justifica la necesidad de esta ley se refiere a cuestiones de fondo. No menos del 70% de los alimentos que consumimos provienen de los agricultores familiares. Los campesinos guatemaltecos, que son la gran mayoría de la mitad de los habitantes que viven en el área rural, se dedican a la agricultura familiar. Hasta ahora ésta ha sido una actividad de infra y subsistencia, dado el abandono que el Estado ha hecho de su responsabilidad de garantizar la disponibilidad de alimentos para la población. Pero la ley pretende no sólo garantizar la seguridad alimentaria de quienes se dedican a ella, sino que se convierta en sosteniblemente excedentaria para que produzca los ingresos necesarios que permitan salir de la pobreza a quienes se dedican a ella. La comercialización de los excedentes de la Agricultura Familiar y el empleo que la misma produce, dinamizan las economías locales. Y como si todo esto fuera poco, esta actividad productiva es amigable al ambiente, lo cual es fundamental para un país que, como Guatemala, está en los primeros lugares en el mundo en vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.
Es valioso, por lo tanto, que el Congreso haya agendado dicha ley. A las virtudes anteriormente referidas, hay que agregar una de orden coyuntural. Tenemos tantas cosas que nos dividen, en medio de una polarización agobiante, que resulta sumamente alentador que encontremos algo que nos pueda unir. Un tema que nos saque de la absolutización que se ha hecho del tema de la corrupción, sin duda relevante, pero que de ninguna manera agota otros grandes problemas nacionales de orden estructural, como lo que esta ley pretende abordar.
La ley de Agricultura Familiar aunque beneficiaría principalmente a los campesinos, realmente impactaría positivamente a nivel nacional. Aprobar esta ley tendría, por lo tanto, dos efectos notables: atrevernos a abordar los problemas estructurales históricamente pendientes y mostrarnos que los guatemaltecos todavía tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo alrededor de un tema tan preminente.
Así que lo que procede es volver a agendar la tercera lectura de esta ley, la cual deberá tener algunas reformas de curul que afortunadamente también ya han sido consensuadas.
