/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La creación de nuevas facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales por parte de las distintas universidades privadas en el país ha provocado, en gran medida, que la cantidad de profesionales facultados para ejercer el derecho incremente mensualmente. Sin embargo, según expertos en el sistema de justicia, no hay garantía alguna de que el nivel académico de dichas facultades sea el adecuado, pues la entidad que por mandato constitucional debe velar “porque se mantenga el nivel académico en las universidades privadas” ha incumplido su responsabilidad.
En la última década han proliferado las universidades privadas que cuentan con una facultad de Derecho. No obstante, varios expertos han manifestado su preocupación por el hecho de que no existe la certeza de que los nuevos profesionales del derecho hayan gozado de una enseñanza académica de alta calidad.
Según analistas del sistema de justicia, varias universidades han incorporado facultades de Derecho a su cartera de estudios con el único fin de tener una incidencia en decisiones políticas, como lo es la elección de Fiscal General del Ministerio Público cada cinco años, sin que exista garantía que la enseñanza académica sea la adecuada.
Alejandro Balsells, abogado y académico, considera que esta incertidumbre respecto a la formación de los profesionales del derecho se debe, en gran parte, a que la entidad a la cual la Constitución Política le encarga la responsabilidad velar por la calidad académica en las universidades privadas del país, el Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS), no desempeña debidamente su papel.
En el artículo 86, la Constitución Política de la República establece que el CEPS “tendrá las funciones de velar porque se mantenga el nivel académico en las universidades privadas sin menoscabo de su independencia y de autorizar la creación de nuevas universidades (…)”. Este Consejo está integrado con dos delegados de la Universidad de San Carlos, dos delegados de las universidades privadas y un delegado de los presidentes de los colegios profesionales que no ejerza cargo alguno en ninguna universidad.
Balsells afirma que el CEPS es el ente rector de las universidades privadas del país, sin embargo, no ha cumplido con su mandato de “velar” por el nivel académico.
De igual forma, Andy Javalois, analista de la Fundación Myrna Mack, asegura que los delegados del CEPS deberían realizar periódicamente algún tipo de monitoreo a las universidades privadas del país para “verificar” que se cuenta con un cuerpo docente calificado y con un programa de estudios adecuado, cosa que no ha sucedido.
“Debería haber una constatación y una cierta supervisión, por decirlo de alguna manera, de cómo se están llevando a cabo esas actividades por parte de los entes (de las universidades) que ellos (el CEPS) ya han aprobado”, señala Javalois.
CEPS: HAY LIMITACIONES LEGALES
Consultado al respecto, el ingeniero Horacio Aguilar, delegado por los presidentes de los colegios profesionales ante el CEPS, reconoce que esta organización no ha velado porque se mantenga el nivel académico en las distintas universidades privadas.
Según la interpretación que Aguilar hace sobre el artículo 86 de la Constitución, el CEPS no está facultado legalmente para velar por el mantenimiento académico porque la Constitución otorga independencia a las universidades privadas,
“La Constitución establece que las Universidades tienen independencia. El CEPS al avalar y crear las universidades ya no puede intervenir en decirles, mire: este curso no lo puede dar o esta carrera está mal programada. Entonces, en ese aspecto, el CEPS no tiene elementos legales que le permitan poder establecer un control para poder hacer que todas las facultades cumplan y que todas las universidades efectúen un programa de educación superior”, afirma Aguilar.
Según el delegado del CEPS, su campo de acción finaliza con el aval para la creación de nuevas universidades.
DESCONOCIMIENTO
Javalois considera que ver al CEPS como un ente que únicamente está facultado para autorizar la creación de nuevas universidades privadas revela un desconocimiento de lo establecido en la Constitución.
“Yo siempre he creído que ese mandato (que da la Constitución respecto a la función el CEPS) es tan claro y debería ser interpretado de la manera más extensa posible”.
No reconocer los alcances del CEPS lanza el indicador de que “entre los mismos profesionales que ya estamos egresados hay un serio problema de desconocimiento de la ley, en este caso de la Constitución, esto se traduce en una mala formación”, dice el analista de la Fundación Myrna Mack.
De igual forma, el abogado Balsells asegura que el hecho de que la Constitución otorgue independencia a las universidades privadas no implica que no se pueda ejercer algún tipo de control sobre ellas.
“Eso no quiere decir que sea libertinaje, no puede existir ejercicio de derechos sin control. La Constitución dice que debe velar por el nivel académico”, asegura.
De igual forma, Luis Fernando Ruiz, presidente del CANG, opina, a título personal, que el CEPS no está facultado únicamente para la creación de las universidades, sino “debe ser cuidadoso y celoso de que estos programas (de estudios)” cumplan con el rigor académico esperado.
ABOGADOS JURAMENTADOS
La Hora constató en el reportaje “En 2018, se han juramentado mensualmente un promedio de 200 abogados: ¿Quién garantiza su calidad profesional?” que entre enero y mayo de este año la Corte Suprema de Justicia ha juramentado a 1,011 abogados y notarios.
En promedio, mensualmente se juramentan a 200 abogados, quienes han cumplido con los trámites y requisitos de inscripción para ejercer como profesionales del derecho.
