Por Sonny Figueroa
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Recientemente la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional, parcialmente, el artículo 6 de la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, en la frase que dice: “y no podrá concedérsele reducción de la pena por ningún motivo”, permitiendo que una persona condenada por femicidio pueda salir de prisión antes del tiempo estimado. Esto ha causado rechazo en el Congreso y en el Ejecutivo.
Las diputadas Alejandra Carrillo, Eva Monte, Karla Martínez y organizaciones de la sociedad civil rechazaron esta resolución y anunciaron que trabajarán en una nueva ley contra el femicidio y anunciaron apoyo para que las organizaciones civiles presenten el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La legisladora Alejandra Carrillo dijo que con la resolución de la CC se está fallando a los compromisos internacionales asumidos por Guatemala para erradicar la violencia contra la mujer.
“Eso constituye un retroceso a los avances a favor de los derechos de las mujeres para garantizar la vida, seguridad y justicia de las guatemaltecas. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad pone entredicho los compromisos asumidos a nivel internacional por el Estado de Guatemala, para erradicar la violencia contra la mujer. Hoy los magistrados dan un revés a las mujeres”, puntualizó Carrillo.
Según lo expresado por la congresista, antes de tomar esa decisión, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad debieron hacer las consultas a las organizaciones de la sociedad civil, Congreso de la República, Ministerio Público y a expertos en materia de Derechos Humanos.
“Rechazamos y condenamos esta resolución. Me permito a instarles a emprender una lucha legal a nivel internacional ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que se conozca esta lamentable agenda regresiva que tiene la Corte de Constitucionalidad”, concluyó la diputada.
EJECUTIVO SE PRONUNCIA
La Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) manifestó, a través de un comunicado, su preocupación por la decisión y señaló que esa resolución constituye un retroceso en la comprensión y sanción de la violencia de género que se suma a la violencia homicida contra las mujeres, como un elemento que vulnera la integridad y la vida de las mujeres y su círculo familiar.
La Secretaría señala que en países como Guatemala los índices de violencia contra mujeres superan a otros delitos, por lo que se hace necesario que el juzgamiento y condena de los agresores, busque la protección del entorno familiar.
